La teoría
Los aranceles son un impuesto a las importaciones. Dado que una subida de impuestos reduce el déficit presupuestario, el Congreso de los Estados Unidos puede, en teoría, aprobar utilizando el procedimiento conocido como “reconciliación”, una ley que imponga aranceles por mayoría en ambas cámaras, evitando un filibuster en el senado que exija 60 votos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene mayoría de su propio partido en ambas cámaras. En vez de acudir al legislativo y pedirles educadamente que aprueben una norma al respecto, el buen hombre ha decidido lanzar su guerra comercial con el planeta invocando una ley de 1977, la International Emergency Economic Powers Act, y hacerlo por decreto.
La práctica
Como comentaba hace unos meses, esto tiene el pequeño inconveniente de que la ley en cuestión no incluye el término “arancel”, “tasa” o “impuesto” en ningún sitio. Sólo dice que el presidente puede declarar una “emergencia económica” e imponer regulaciones en el comercio internacional. Durante décadas, la ley ha sido utilizada para imponer sanciones a países impertinentes, pero nada más allá. La fantasiosa interpretación del texto fue llevada a los tribunales, y la administración perdió el caso por goleada.
Como siempre, recurrieron al tribunal de apelaciones; el viernes, perdieron otra vez. Los jueces han retrasado la entrada en vigor la sentencia hasta octubre, para permitir que la administración recurra al Supremo.
Este no debería ser un caso difícil de decidir. La sentencia es clara: la constitución es muy explícita sobre que el poder de subir impuestos e imponer aranceles recae en el congreso. La ley invocada por Trump nunca menciona aranceles o impuestos. Hay centenares, miles de ejemplos en los que la autorización del congreso a que el ejecutivo “regule” algo no incluye o ha sido jamás interpretada como crear impuestos. En dirección contraria, cuando el congreso ha querido autorizar que el presidente imponga tasas o tributos, los legisladores son mayorcitos y capaces de ponerlo bien claro por escrito.
Vivimos, por supuesto, en un escenario de Calvinball constitucional, así que Dios sabe qué narices decidirá el Supremo sobre la materia. En condiciones normales, los aranceles serían tirados a la basura, y los jueces le dirían al presidente, muy educadamente, que, si quiere liarse a sopapos con todo el planeta en una guerra comercial, el Congreso está ahí al lado. Con esta corte, es perfectamente posible que acaben inventándose alguna chapuza procedimental para evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto, revertir el caso otra vez a tribunales inferiores, y dejar que Trump haga lo que le plazca unos años más1, y no descartaría una audaz reescritura constitucional dando al ejecutivo poder omnímodo sobre la política comercial porque es “política exterior” y listos2.
Los legisladores
La parte interesante de todo este asunto, sin embargo, es que, en teoría, Trump tiene mayorías en el congreso que permitirían implementar esta guerra comercial de forma legal. En realidad, el partido republicano (o un sector considerable de este) no está demasiado contento con la política comercial del presidente, y es más que probable que votaran en contra una ley así.
Estamos ante un bonito ejercicio de cobardía política y escurrir el bulto. Una mayoría de legisladores en el congreso no son partidarios de los aranceles. la Casa Blanca sabe eso (porque hay gente contando votos), así que prefieren no pedirles nada, e invocar una ley por las bravas. De la misma manera de que hay una mayoría de legisladores que dirían que no si les piden subir impuestos, no hay suficientes legisladores republicanos que se atrevan a votar en contra de algo que Trump está haciendo de forma unilateral, porque tienen pánico a las bases del partido y los tarados de MAGA. Cerrando el círculo, los líderes de las cámaras no tienen obligación alguna de llevar a votación nada en contra de los aranceles. Así que para evitar que nadie se haga daño, bloquean cualquier intento de consultar al congreso, cediendo así al presidente una autoridad que no tiene, ni que las cámaras creen que debería tener.
Así que tenemos a un ejecutivo que no pregunta, unos legisladores que no protestan, y unos líderes legislativos que no llevan nada a votación. La medida acaba en los tribunales, que son los que acabarán, en última instancia, haciendo algo parecido a legislar, ya que son los que decidirán si los aranceles pueden seguir en vigor.
Es una forma de gobernar bastante estúpida. También es una consecuencia inevitable de tener un sistema de gobierno en el que los contrapesos y equilibrio de poderes ha pasado a un segundo plano, víctima de la lealtad partidista3. El congreso de los Estados Unidos, a todos los efectos, ha renunciado a defender sus competencias por completo, y el Supremo, por ahora, ha tomado nota y dado vía libre al presidente.
Mientras tanto, en la Reserva Federal…
El Supremo, mientras tanto, es posible que se haya metido en un problema importante debido a su peloteo presidencial.
Hablé sobre la polémica, de pasada, en el boletín anterior; la Casa Blanca quiere controlar la Reserva Federal, porque Trump cree que los tipos de interés son demasiado altos. Con este objetivo explícito, el director de una agencia federal prácticamente desconocida, la Federal Housing Finance Agency, se dedicó a rebuscar entre el papeleo de las hipotecas de Lisa Cook, una consejera del banco central. Resulta que Cook había declarado en la hipoteca de dos viviendas distintas que eran “residencia principal”, algo que se considera fraude4. Eso, según la administración, es una causa suficiente como para justificar su despido.
Es un delito difícil de demostrar, hasta el punto de que en todo Estados Unidos hubo sólo 38 condenas por fraude hipotecario en todo el 2024. Esas cifras supongo que aumentarán, porque la administración Trump, en las últimas semanas, se está dedicando a “investigar” este delito a todo aquel que parece caerle mal, incluyendo al senador Adam Shiff (demócrata, California) y la fiscal de Nueva York Letitia James.
No es difícil darse cuenta, porque los trumpistas lo dicen en voz alta, que el caso contra Cook es un simple pretexto. El consejo de la Fed tiene siete miembros. Ahora mismo hay dos nombrados por Trump, tres por otros presidentes (incluyendo a Cook, Powell, también nombrado por Trump aunque ahora le deteste, y una vacante). Si la Casa Blanca forzara la salida de Cook, tendrían mayoría.
Esto no sería suficiente para bajar tipos, por ahora. El órgano de la Fed que decide eso es el comité de mercado abierto, que tiene 12 miembros; los siete del consejo, y cinco presidentes de regionales de la Fed, escogidos (porque la Fed es muy loca), por entidades financieras de cada región. Pero en febrero del año que viene, estos presidentes regionales renuevan su mandato, y los miembros del consejo de la Fed pueden vetarles por mayoría simple. Esto no ha sucedido en los 112 de años de historia de la institución, pero desde cuándo esto es un problema para esta gente.
Jueces y más jueces
Cook ha llevado su despido, como era de esperar, a los tribunales de inmediato, y el caso, como todo estos días, acabará en manos del Supremo. No sé si recordaréis, allá por abril, que el tribunal dictaminó que el presidente puede despedir a quien quiera del ejecutivo, no importa lo que diga la ley autorizando una agencia, porque es el presidente y punto. También en esa sentencia, los jueces incluyeron una mención explícita diciendo que esto no incluía la Reserva Federal, porque no sé qué de carácter especial de la institución y el amor de los padres fundadores por el sistema financiero o algo así.
Todo lo de arriba es la Casa Blanca diciéndoles a los jueces que muy bien y muy bonito todo, pero que, si queréis proteger a la Fed, me lo decís a la cara y en la calle, porque no nos vamos a cortar. El argumento legal diciendo que el banco central es distinto era casi inexistente, así que no es una sorpresa que decidan ir a por él.
Y nadie tiene ni idea sobre qué dirá el Supremo, porque desde hace años está actuando sin criterio jurídico marcado alguno. Su propio precedente de abril debería dejar la puerta abierta a que Trump despida a Cook y tome la Fed, pero los jueces también insisten que la Fed no está incluida.
Volvemos al problema de fondo: cuando en un país las instituciones empiezan a rendirse o acomodar a un actor que está intentado subvertir el sistema e ignorar la ley, lo que hacen no es “defender el sistema”, sino hacer que la ley importe cada vez menos.
Una nota de optimismo
En Estados Unidos, en muchas jurisdicciones, antes de ser acusado de un delito el fiscal debe presentar el caso ante un gran jurado compuesto de ciudadanos de a pie que son los que toman formalmente la decisión. Esto no suele ser un obstáculo demasiado oneroso, ya que la fiscalía controla el proceso y no hay, en este punto, abogados de la defensa presentando la versión contraria.
Para los fiscales federales encargados de presentar cargos contra manifestantes en DC y Los Ángeles, este trámite es ahora un problema. En las últimas semanas varios grand juries han rechazado presentar cargos contra gente protestando, incluyendo en el caso de un tipo que tiró un bocadillo a un agente de inmigración delante de las cámaras. Los cargos serán reducidos de delito a falta administrativa.
Hay mucha gente muy harta con esta administración.
Bolas extra
Desde hace años Estados Unidos se ha propuesto atraer a la India a su órbita, el único país que por población y escala puede ser un contrapeso contra China a largo plazo. Trump, en unos pocos meses, ha destruido todo este proyecto, básicamente porque es un idiota congénito obsesionado con un premio Nóbel.
La Casa Blanca intentó deportar la madrugada del sábado a centenares de niños a Guatemala, a pesar de que un juez les prohibió hacerlo.
Hay un rumor persistente que Trump está teniendo problemas de salud. El presidente no ha hecho declaraciones ni actos públicos desde el miércoles pasado (una eternidad para él) y las pocas fotos que han aparecido son lejanas, desenfocadas, y bastante digamos breznevianas. No creo que le esté pasando nada (y mantener en secreto un problema de salud es casi imposible para alguien como el presidente), pero es cierto que está bastante desmejorado estos días.
Cualquier poder presidencial que Trump se haya arrogado a sí mismo será anulado en el momento en que el presidente sea demócrata, obviamente.
Poder que perderá en el momento en que un presidente demócrata decida invocarlo.
Este es un escenario que no veríamos en un sistema parlamentario, por cierto. El ejecutivo no haría algo que su grupo parlamentario no quiere, porque los legisladores pueden echarle con relativa facilidad.
Normalmente pagas un interés más bajo en tu residencia principal, y menos impuestos.
Sobre la última bola extra. Trump está en una edad de esas en que en un año de repente alguien super activo se vuelve en realmente anciano. Creo que todos hemos vivido el ver a personas de las que hemos dicho: "en un año ha pegado un gran bajón". Así que no es descartable el que le veamos perder facultades a marchas forzadas.