Viajeros y colas
Una crisis constitucional absurda más
El acuerdo que puso fin al largo cierre del gobierno federal en noviembre del año pasado entre demócratas y republicanos requería varias votaciones. La primera, inmediata, financiaba un puñado de departamentos un año entero (veteranos, agricultura, parte del gasto militar y el mismo legislativo), con una prórroga para el resto del gobierno hasta enero. En las semanas y meses sucesivos, las cámaras aprobarían las apropiaciones de los otros ministerios y agencias una a una1.
El acuerdo ha funcionado bastante bien. Demócratas y republicanos, cuando nadie estaba mirando2, han rechazado un número considerable de los recortes draconianos propuestos por la Casa Blanca y dejado al gobierno financiado casi en su totalidad hasta finales de año, pasadas las elecciones legislativas.
Derechos y negociaciones
A finales de enero, sólo quedaban cinco departamentos pendientes, incluyendo el departamento de seguridad nacional (DHS, por Department of Homeland Security3). Fue entonces cuando un agente de la guardia fronteriza (CBP) mató a Alex Pretti en Minnesota, y los demócratas exigieron reabrir el acuerdo. Estaban dispuestos a financiar las otras cuatro agencias, pero a DHS sólo le darían dinero si la ley incluía una reforma legal para poner coto a las tácticas autoritarias de ICE y CBP.
La lista de demandas demócratas es bastante modesta, e incluye cosas como “ICE no puede reventar la puerta de un domicilio y hacer una redada sin orden judicial”, “ICE no puede detener a gente de forma indefinida por que les apetece hacerlo” o “ICE no puede deportar a ciudadanos americanos”. Ninguna de estas prácticas es legal o constitucional, pero las autoridades migratorias llevan meses haciendo esta clase de maniobras, incluso con jueces echándoles broncas repetidamente4.
En el confuso, bizarro, deformado mundo de la política americana actual, estas propuestas provocaron la ira de Steven Miller y Trump.
Así que en enero el congreso acabó votando financiar a todo el gobierno hasta final de año, excepto el departamento de seguridad nacional. Los demócratas acordaron una prórroga de dos semanas para negociar, confiados que la indignación tras la muerte de Pretti y el cambio de estrategia anunciado por DHS tras las protestas indicaban un cambio de postura por parte de Trump. El 14 de febrero expiró el plazo, y DHS se quedó sin fondos para seguir operando.
Y desde entonces, el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos está cerrado y sin presupuestos.
Un cierre parcial
Los efectos prácticos del cierre son un tanto complicados. Las tres agencias de inmigración (ICE, CPB, y USCIS, los que llevan el papeleo), reciben sobre un 60% de su presupuesto por otras vías (la ley del año pasado, tasas, y gasto automático), así que aunque han reducido servicios, siguen funcionando. La guardia costera tiene un fondo especial para pagar sueldos a sus trabajadores esenciales varios meses.
El resto del departamento, sin embargo, no tiene la misma suerte. La mayoría de funcionarios en puestos no esenciales está en casa, sin empleo ni sueldo. Aquellos considerados imprescindibles porque tienen asignados puestos de seguridad clave deben seguir trabajando, sin cobrar, hasta que el congreso llegue a un acuerdo.
Aunque el nombre “seguridad nacional” suena rimbombante, la mayoría de agencias “serias” están en otros departamentos, como justicia (FBI, ATF, marshalls, DEA…) o defensa. DHS, no obstante, tiene en sus filas al Servicio Secreto (los escoltas del presidente) y la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA, Transportation Security Administration), la gente que lleva los controles de seguridad en los aeropuertos.
La TSA es, en un día bueno, cordialmente detestada por los viajeros americanos. Nacida tras los atentados del 11-S, la agencia es notoria por su propensión a inventar reglas absurdas, gastar montones de dinero en maquinaria ominosa y crear colas enormes en los aeropuertos justo cuando tienes prisa. Son también aficionados a crear programas que permiten, previo pago de una subscripción anual, pasar por la vía rápida en esos controles, algo que siempre me ha parecido profundamente antidemocrático y al que le tengo mucha manía, pero ese es otro tema separado.
La cuestión es que los pobres seguratas de la TSA llevan cuarenta y cinco días sin cobrar. Muchos de ellos, con toda la razón del mundo, han decidido o no presentarse o dimitir. Eso ha dejado muchos aeropuertos sin suficiente personal para tener los controles de seguridad operando a un ritmo decente, provocando esperas de tres o cuatro horas de forma imprevisible en muchas ciudades.
Este es un país enorme, y la gente viaja mucho en avión. Con la guerra de Irán los precios de los billetes están subiendo, muchas aerolíneas están cancelando rutas, y la gente no es que estuviera de buen humor. Añade esto al caos y os podéis imaginar el enfado general.
Abriendo aeropuertos
Los legisladores americanos suelen ser de los primeros en responder a crisis aeroportuarias, ya que tienen que volar de vuelta a su distrito dos o tres veces al mes. Cuando los retrasos y colas empezaron a acumularse, hace un par de semanas, los demócratas ofrecieron aprobar una ley que financiara todo excepto ICE y CBP, que seguirían a medio gas hasta que aceptaran algunos controles. La Casa Blanca se negó en redondo, y los republicanos en el congreso le secundaron. Pero obviamente los representantes y legisladores republicanos también cogen el avión dos o tres veces al mes y también están hasta la coronilla de perder vuelos5. El viernes pasado, de madrugada, el senado votó por aclamación financiar todo menos las dos agencias migratorias para arreglar el problema de una vez.
Esto indignó a Trump de sobremanera. El presidente dejó de lado esa guerra que está perdiendo y que todo el mundo odia para prolongar el cierre de un departamento clave de su gobierno del que todo le culpa porque insiste en que sus matones enmascarados puedan seguir deteniendo inmigrantes sin control alguno, y exigió que la cámara de representantes no ratificara el acuerdo. Como alternativa, proclamó que daría instrucciones al secretario a cargo del departamento, un señor con el maravilloso nombre de Markwayne Mullin, para que pagara a los agentes de la TSA sin esperar a que el congreso actuara. El Speaker, que tiene la fortaleza moral de un flan de vainilla, decidió que el señor Trump es bueno y sabio, y que lo suyo no es llevarle la contraria, así que optó por no llevar el acuerdo a votación.
Así que DHS sigue cerrado, los empleados de la TSA siguen sin cobrar, y los aeropuertos son un horror, un día más.
