Tribunales y cambios de régimen
El Supremo tiene otro año de revoluciones no declaradas
La constitución americana, como todas las leyes fundamentales, tiene secciones muy claras, y otras más ambiguas. Eso se debe, en parte, a que es un texto viejo, y sus redactores ni tenían modelos en los que basarse, ni sabían exactamente cómo iba a funcionar después. Pero la ambigüedad a veces era deliberada, con sus redactores resolviendo desacuerdos puntuales dejando algo abierto y confiando en que los políticos que vinieran después aclararan su significado.
El artículo tercero de la constitución, sobre el poder judicial, es una de estas secciones ambiguas. Nadie tenía del todo claro qué clase de tribunal sería el Supremo, ni cómo ejercería su labor interpretando la constitución. Fue el propio tribunal, un poco por las bravas, quien se auto otorgó sus poderes actuales para revisar e interpretar leyes.
La decimocuarta enmienda, sección primera, sin embargo, dista mucho de ser ambigua. Redactada por los vencedores de la Guerra Civil justo después del conflicto, el texto es una respuesta deliberada a una infame sentencia del Supremo de 1857 que llegó a la conclusión que la ciudadanía americana no incluía ni era aplicable a “gente de ascendencia africana.” La intención era poner por escrito y bien claramente que el principio básico para considerar a alguien ciudadano, el haber nacido en Estados Unidos, debía aplicarse a todos, sin excepciones según color de piel o lugar de origen.
El texto resultante es muy claro:
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.
Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen.
Todas las personas. Es sencillo, es directo, y es obvio para todo el mundo, excepto la administración Trump.
Reformas por decreto
Como recordaréis, en el primer día de su mandato Trump aprobó una orden ejecutiva (un decreto, vamos) diciendo que a partir de ahora, sólo aquellas personas nacidas en Estados Unidos sólo serían ciudadanos si uno de sus primogenitores era un residente legal del país. De lo contrario, sólo ostentaría la nacionalidad de sus padres.
El argumento legal (y aquí el término es usado de forma extraordinariamente generosa) era que, al redactar la enmienda, el congreso entendía la palabra “jurisdicción” como que una persona no se debía a la autoridad de nadie aparte de Estados Unidos. Si era ciudadano de otro lugar eso significaba que quizás debía responder a órdenes de un soberano de otro lugar, y por lo tanto no estaba sólo bajo jurisdicción americana. El privilegio de la ciudadanía americana corría el riesgo de diluirse si se aceptaba a cualquiera que entrara al país de ese modo.
En un argumento risible. Primero, esos argumentos fueron utilizados en el debate por los oponentes a la enmienda. La respuesta de la mayoría que las aprobó fue consistente diciendo que era precisamente contraria a esto. Segundo, el Ius Soli, ciudadanía por nacimiento, forma parte de la tradición legal anglosajona desde mucho antes de la independencia. Durante los 150 años posteriores a la ratificación de la enmienda toda la jurisprudencia, sin excepciones, dejaban claro que esto iba en dirección contraria. Tercero, porque en 1868 ni siquiera existía la idea de “inmigrante ilegal”; Estados Unidos tenía un régimen puertas abiertas sin excepciones, que mantendría, con muy pocos cambios1, hasta los años 1920.
La orden ejecutiva de Trump fue recurrida de inmediato, y todos los jueces federales que la revisaron la invalidaron sin dudarlo. La administración, como no, recurrió al Supremo tan rápido como pudo.
El tribunal creativo
Fue entonces cuando empezamos a ver cosas extrañas. La mayoría conservadora, en vez de leer la constitución diez segundos y enviar a la Casa Blanca a la mierda, decidió que iban a levantar cualquier suspensión cautelar de la orden en base a un tecnicismo, diciendo que era inconstitucional que un juez suspendiera la aplicación un acto de gobierno para todo el país.
Esta decisión, aparte de romper un siglo de jurisprudencia sobre judicial review y darle una deferencia inusitada al ejecutivo, obligó a cambiar el formato del recurso para pudieran conseguir la cautelar primero, y otra lenta excursión al Supremo para que se pronunciara sobre el fondo del caso.
La sentencia se hizo pública el martes. Por el más estrecho de los márgenes, cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo declaró que la orden de Trump era inconstitucional. Un sexto juez secundó el bloqueo, pero insistiendo que la inconstitucionalidad no se debía al conflicto con la decimocuarta enmienda, sino, a que el Congreso, y no el presidente, era quien tenía la potestad de cambiar esta norma.
Sí, estamos ante un caso en que el Supremo ha hecho lo correcto, y los nacidos en Estados Unidos son por defecto ciudadanos. Pero hay cinco jueces que creen que la decimocuarta no sólo es interpretable, sino que el congreso puede forzar a que diga lo que quiera. Y de nuevo, insisto, esta es una enmienda que no tiene ambigüedad alguna. Pero una mayoría de los magistrados del tribunal han decidido abrazar una reinterpretación radical del texto inventándose un significado completamente nuevo a la palabra “jurisdicción” para contentar al presidente.
Y Trump se ha dado cuenta de que ahora mismo sólo necesita una ley aprobada por el congreso para cambiar una norma básica de la constitución que todos sus amigotes racistas detestan. Los republicanos no tienen votos suficientes ahora en el senado, pero la puerta está abierta de par en par.
Una victoria irreal
Inexplicablemente, muchos comentaristas americanos han recibido la sentencia con alegría, diciendo que el Supremo está parando los pies a Trump. La independencia judicial vive, etcétera, etcétera, alabemos a los seis jueces (porque muchos son incapaces de entender que en realidad son cinco) contradiciendo al presidente.
No, lo que hemos visto es una maniobra de una Casa Blanca llena de chiflados que querían demoler un principio constitucional por las bravas, y un Tribunal Supremo que se ha quedado a apenas nada de volar otra cláusula de la decimocuarta enmienda por los aires. Porque, para cinco de los jueces conservadores del tribunal, todo lo aprobado y ratificado post-1865 son recomendaciones de segundo orden que no cuentan a la hora de legislar.
Otras reformas por las bravas
La sentencia sobre ciudadanía, aparte, ha servido para dejar en un segundo plano el resto de que el tribunal ha dejado pasar este año.
Financiación de campañas:
Por 6-3, el supremo ha eliminado cualquier restricción a la cantidad de dinero que un partido político puede destinar para hacer publicidad de un candidato, por motivos de libertad de expresión. Esto suena inocente, pero en realidad permite que un donante privado adinerado pueda dar cantidades poco menos que ilimitadas de dinero a un candidato, canalizándolas a través del partido o un comité de acción política. Si son un pelín creativos, pueden hacer que las donaciones sea completamente anónimas.
Agencias independientes:
Por 6-3, han decidido demoler 90 años de precedente judicial y determinar que el presidente de los Estados Unidos tiene plena autoridad para despedir a los directores o miembros de cualquier agenda reguladora independiente creada por el congreso. Hablé con cierto detalle sobre las consecuencias de esta historia aquí.
La paradoja, en este caso, es que el tribunal dice que la constitución permite al congreso crear agencias independientes dentro del ejecutivo, pero que el presidente tiene total autoridad para escoger a esos reguladores a dedo. Es difícil de entender por qué los legisladores harían lo primero si puede suceder lo segundo, pero este tribunal va de hacer la pelota a Trump.
Los jueces, por cierto, han creado una excepción a esta regla, limitando el poder de Trump respecto a la reserva federal. El argumento legal es poco menos que “mira, el banco central no”, aunque todo el armazón legal que justifica la Fed es el mismo del resto de agencias.
Armas de fuego:
Algunos estados requieren que si alguien quiere entrar con un arma de fuego en un establecimiento abierto al público (como un restaurante o supermercado) deba pedir permiso a su propietario. Para la mayoría del Supremo, esto vulnera el sagrado derecho a llevar armas, y han decretado la ley inconstitucional.
Deportaciones:
El Supremo ha decidido que la Casa Blanca puede revocar sin aviso previo ni justificación alguna el estatus migratorio de gente llegada de un país en guerra o catástrofe natural con una protección especial. Eso permitirá a la administración a meter a 350.000 haitianos en un avión de vuelta a la isla, por las bravas.
Gerrymandering:
Hablé de la sentencia en detalle, pero básicamente demolieron la Voting Rights Act, permitiendo discriminar votantes alegremente para hacer su voto irrelevante.
Un caso especial: atletas transgénero
Uno de los pánicos del movimiento conservador es que deportistas trans compitan de forma injusta con mujeres en deporte escolar o universitario. Actualmente hay una decena de casos, pero hay 25 estados que quieren imponer prohibiciones, que incluyen, inevitablemente, exámenes sobre género.
La mayoría conservadora ha decidido que estas prohibiciones son constitucionales, porque no vulneran la igualdad de género. Aunque el resultado me parece injusto, en este caso la constitución realmente no ayuda demasiado, porque la enmienda sobre igualdad de género aprobada por el congreso en 1972 nunca fue ratificada.
La historia sobre este caso en particular es fascinante: el pánico empieza con una estudiante que quedó quinta en una competición de natación, se enfadó mucho que la ganadora era trans, y se hizo famosa-de-Fox-News, ganando montañas de dinero con su victimismo. Es activista a tiempo completo, una carrera muy lucrativa en el movimiento conservador americano.
El precedente judicial creado por este caso es, por cierto, muy peligroso para otras cuestiones de igualdad de género.
Un tribunal partidista
Porque el Supremo, ahora más que nunca, es una institución partidista, que tiene como principal prioridad apoyar a Trump y al partido republicano. Tienen ciertos límites, como no meterse excesivamente con la reserva federal o intereses empresariales (léase aranceles) y no contradecir de primeras ataques directos a la lógica más elemental del texto (los indirectos les parecen bien…), pero su trabajo no es evaluar leyes, sino hacer política.
Ahora mismo me parece obvio, y creo que lo es para gran parte del partido demócrata, que uno de los debates de las primarias del 2028 tendrá que ser qué hacemos con el Tribunal Supremo. El artículo III de la constitución es, como mencionaba, casi un folio en blanco, y el Congreso puede implementar toda clase de reformas creativas sobre el poder judicial, empezando por añadir jueces a mansalva en el Supremo (la estrategia de FDR en 19362), limitación de mandatos, o incluso cambiar el sistema de revisión constitucional, limitando su jurisdicción.
La corte, en su configuración actual, no me parece una institución políticamente viable o sostenible sin que acabe por provocar algún destrozo descomunal (o varios más) a medio plazo. Se hablará, y mucho, sobre cómo reformarlo.
Bolas extra:
Muchos estados han prohibido el aborto… pero el número de abortos en Estados Unidos casi se ha duplicado. El motivo: muchos estados del norte tienen médicos con telemedicina que pueden recetar píldoras abortivas y enviarlas por correo, y leyes que les protegen de demandas judiciales de otros estados.
El GOP está en un ataque de histeria completo ya que la sentencia sobre nacionalidad por nacimiento creará una oleada de turistas embarazadas que vienen a tener hijos a Estados Unidos. Es un problema casi irrelevante y que esta sentencia no provoca, pero están todo soliviantados y pidiendo prohibir a que mujeres embarazadas viajen al país.
El delantero centro de la selección americana de fútbol y héroe nacional, Folarin Balogun, es ciudadano americano porque su madre (nigeriana) lo tuvo cuando estaba de visita al país durante su embarazo. Se crió en el Reino Unido.
Trump se está enriqueciendo en el cargo como nadie. La corrupción de esta Casa Blanca es extravagante.
La Chinese Exclusion Act de 1882, tras un pánico racista anti-asiático en California.