Litigando contra el medio ambiente

Una ley chapucera y jueces entusiastas

Todo empezó (como casi todo en los Estados Unidos¹) con la administración Nixon. El uno de enero de 1970 nuestro buen amigo Milhaus firmaba la National Environmental Policy Act (ley nacional de política ambiental, o NEPA), la piedra fundacional de la legislación ecologista de Estados Unidos.

La ley es, para los estándares de legislación federal americana, sorprendentemente corta. Son apenas quince páginas de texto, con tres secciones; una declaración de objetivos, un puñado de artículos creando el consejo de calidad ambiental, y una serie de normas que establecen la obligación que cualquier agencia federal realice un estudio de impacto ambiental cada vez que lleven a cabo una actuación.

Esto es todo. Nada más. Simplemente, el gobierno federal tiene que redactar un informe cuando quiere hacer cualquier cosa medio relevante. La ley no incluye sanciones de ninguna clase; simplemente establece una obligación de hacer un estudio. Es una ley modesta, limitada. Parece que no tenga que hacer gran cosa.

Hasta que llegaron los abogados.

Papeleo y jueces

Uno de los detalles más importantes de la NEPA no es tanto lo que dice, sino lo que está escrito en el texto explícitamente. Para empezar, la ley no incluye un definición demasiado clara o estricta sobre qué se considera un “acto de gobierno”; habla de “todas las recomendaciones o informes sobre proposiciones de ley” y “otras acciones federales de calado” siempre que tengan impacto en el medio ambiente. Por añadido, no especifica ni los plazos ni los contenidos de los estudios exigidos, más allá de que sean “razonables” y que consulten con otras agencias estatales o federales que puedan tener jurisdicción o conocimiento sobre la materia.

Al principio, las agencias federales solían despachar los estudios de impacto ambiental con documentos relativamente cortos, quizás de 30-40 páginas. Era un paso más en el papeleo para hacer infraestructuras o aprobar regulaciones federales; una forma de recordar a todos los implicados que tenían que prestar un poco de atención a las consecuencias ambientales de sus actos.

Algunos activistas, creativos, no obstante, vieron en estos informes de trámite una oportunidad. La ley es muy clara que el gobierno federal debe evaluar todos los impactos ambientales “razonables”. Para paralizar un proyecto, les bastaba con llevar un informe chapucero a los tribunales y tratar de convencer a un juez de que el estudio de impacto ambiental no había tenido en cuenta uno o varios elementos importantes, y que eran necesarios más informes antes de poder seguir adelante con cualquier trámite.