El triunfo de Richard Nixon
Trump consigue su inmunidad presidencial
En 1977, años después de su caída del poder, Richard Nixon concedió una entrevista a Robert Frost. Durante toda su vida, el presidente defendió que Watergate, el escándalo que forzó su dimisión, había sido perfectamente legal. Cuando Frost le preguntó, en un segmento de su conversación, cuál era su teoría, su razonamiento para defender su inocencia, Nixon ofreció una respuesta sucinta, clara, y horripilante:
“Cuando el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal”
Vale la pena ver la respuesta completa, porque Nixon, por muy deshonesto, malvado y peligroso que fuera, no era un hombre estúpido. Su razonamiento es uno de necesidad, de la obligación que tiene el jefe del ejecutivo de poder responder a situaciones urgentes y peligrosas de forma decisiva. Su argumentación sobre qué limites efectivos deben acompañar esa idea (Frost pregunta sobre un asesinato) es cautelosa y razonada (y moralmente horrible).
Es también, en gran medida, casi la misma argumentación que ha utilizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump.
La sentencia
La setencia del Supremo sobre la inmunidad presidencial establece que hay tres estándares distintos para que el presidente pueda ser sujeto de responsabilidad penal.
Actos oficiales en ejercicio de su cargo: el presidente goza de inmunidad absoluta ante cualquier acto que haya realizado en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Ningún acto oficial puede ser utilizado en su contra como pruebas en un juicio penal.
Actos oficiales que pueden ser en ejercio del cargo, pero en que puede haber responsabilidad compartida con el Congreso: el presidente goza de presunción de inmunidad; el fiscal tiene que argumentar ante el juez de forma convincente que sus actos no formaban parte sus competencias constitucionales. En caso de que cualquiera de sus acciones puedan poner en duda el ejercicio de funciones constitucionales del ejecutivo, tampoco podrán ser utilizadas como prueba.
Actos que no forman parte de las funciones oficiales del cargo: el presidente no goza de inmunidad.
Os preguntaréis, supongo, de dónde sale esto de los “actos oficiales”. Esta teoría apareció por primera vez en la jurisprudencia constitucional el uno de julio del 2024 a las 10:30 de la mañana, es decir, ayer mismo. Esta distinción en tres partes no está en la ley fundamental, nunca ha formado parte del debate académico sobre la presidencia, y desde luego no tiene nada remotamente parecido a una justificación histórica. Los seis jueces conservadores del Supremo han creado estas tres categorías alegremente en una bonita sentencia, pergeñando un maravilloso armazón legal para explicarnos a todos si podemos juzgar a Donald Trump por dar un golpe de estado o no.
La definición de “actos oficiales que forman parte del núcleo conclusivo y preclusivo de la autoridad constitucional del presidente” es, no hace falta decirlo, alegremente vaga y dicharacheramente expansiva, porque de qué sirve inventarse una categoría nueva de la nada si no vas a hacerla tan idiota como sea posible. El supremo ha cogido el artículo II de la constitución, que es increíblemente corto porque en su origen los fundadores querían un presidente débil y un legislativo fuerte, y básicamente ha decidido que no sólo debe definirse de la manera más generosa posible, sino todo lo que se lista ahí es intocable. Esto incluye “ejecutar y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”, es decir, básicamente todo lo que hace en el cargo. Sobre qué comparte con el congreso competencialmente, buena suerte encontrando algo relevante, porque apenas dan nada.
Quedan los “actos no oficiales”, en los que la sentencia da, afortunadamente, algunos ejemplos relevantes. El tribunal dice que lo que haga un presidente como candidato o líder del partido no es un acto oficial, y si comete alguna ilegalidad puede ser encausado. También señalan, no obstante, que parte del trabajo del presidente incluye dar discursos explicando su visión e ideas, así que cuando un jefe del ejecutivo pronuncia una arenga a una masa enfurecida animándoles a que asalten el Capitolio y abran en canal a la Speaker, quizás eso sea un acto oficial.
También señalan, eso sí, que esto de llamar a cargos electos y funcionarios estatales y pedirles, animarles o amenazarles con represalias si no colaboran con ellos en enviar electores falsos a Washington para dar una excusa al vicepresidente para invalidar el resultado electoral y perpetuarse en el poder seguramente no forma parte de las competencias presidenciales, y seguramente no goza de inmunidad en este caso.
¿Entonces, habrá juicio?
No nos precipitemos. Esto de crear una conspiración para tumbar unas elecciones y de lo contrario intentar linchar al vicepresidente puede que sea un acto privado, pero quedan cosas por decidir. El Supremo es un tribunal de última instancia, no un lugar donde se juzgan hechos. Ahora que hemos establecido esta distinción entre actos oficiales, actos oficiales con responsabilidad compartida y actos no oficiales, es necesario que el tribunal del distrito que iba a juzgar el caso llame a las partes y evalúe y decida con calma y detalle qué partes del escrito de acusación de la fiscalía caen en cada categoría. Muchas de las pruebas presentadas son, probablemente, actos oficiales no admisibles en juicio, como cuando Trump ordenó a su departamento de justicia que se inventaran casos de fraude electoral, porque la constitución dice que el presidente tiene competencia exclusiva en eso de dar órdenes a subalternos. Así que es hora de revisar el caso, presentar mociones, argumentarlo todo y que la juez solvente estas dudas antes de ir a juicio.
Es decir: la sentencia del Supremo no sólo hace que sea imposible encausar y juzgar a Trump por su intento de golpe de estado del 2020/2021, sino que además crea una montaña de requisitos legales nuevos que deben ser resueltos antes de presentarlos ante un jurado. Los requisitos son increíblemente vagos, ya que la jurisprudencia sobre ello es literalmente nueva desde ayer mismo, así que cualquier decisión será recurrida hasta llegar al Supremo de aquí un año o dos. Entonces, si están de humor, los miembros del alto tribunal decidirán de verdad si Trump es inmune ante los los cargos de los que se le acusa.
El presidente puede asesinarte
Más allá de los detalles prácticos de este caso (que de ganar Trump las elecciones, nunca irá juicio), lo más delirante de la sentencia es que bajo las condiciones y requisitos sobre inmunidad presidencial que establece, el presidente puede realmente enviar un pelotón de marines a tu casa para matarte sin consecuencia penal alguna, siempre y cuando haga el papeleo de manera correcta. El artículo II dice que es comandante en jefe, así que mandar a matar gente es algo estupendamente legal1 siempre y cuando pueda justificarlo como un acto oficial2.
¿Ese hipotético planteado en el tribunal de apelaciones en que se le pregunto a los abogados de Trump si el presidente podía ordenar la ejecución de un rival político? El Supremo ha establecido que eso es lo que dice la constitución.
A todos los efectos, la sentencia establece una serie de protecciones legales para el jefe del ejecutivo que le ponen por encima de la ley en prácticamente todo lo que hace en el cargo. La mayoría conservadora quería hacerle (otro) favor a Trump antes de las elecciones, y han decidido que la mejor manera de hacerlo es volando por los aires medio ordenamiento jurídico y 250 años de historia. Un presidente de los Estados Unidos puede, a partir de ahora, abusar sus competencias y atribuciones presidenciales todo lo que le plazca, y no hay nadie que pueda impedírselo más allá de un impeachment.
Y dado que el presidente puede fusilar a senadores que se porten mal si son una “amenaza para la seguridad nacional”, dudo que esa sea una buena opción. Y si eso os parece inverosímil, el candidato republicano a la presidencia dio un golpe de estado hace apenas tres años, lleva media campaña diciendo que quiere ser un dictador y va a vengarse de sus enemigos, así que no es un escenario absurdo.
Justificaciones
Aparte de las consecuencias prácticas de la sentencia, la argumentación del supremo para justificar la inmunidad es fascinante, y es realmente nixoniana. La idea central es que los padres fundadores querían que el presidente pudiera ser decisivo, respondiendo y adoptando medidas con rapidez y energía. Si el jefe del ejecutivo no gozara de inmunidad penal, eso provocaría que actuara con cautela, temeroso de que una de sus medidas soliviantara a alguien en exceso y fuera acusado de cometer delitos de forma espuria.
La idea de que un presidente que goza de inmunidad este libre de cualquier consecuencia de sus abusos de poder y por lo tanto decida comportarse como un cretino irresponsable ni se les ha pasado por la cabeza, supongo.
Y por supuesto..
Es completamente imposible revertir esta decisión a corto, medio, o largo plazo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por nueve jueces con mandato vitalicio. Seis de ellos son conservadores y han votado a favor de la sentencia. Su argumentación se basa por completo en una interpretación de la constitución, así que el congreso no puede aprobar una ley estableciendo que el presidente no es inmune ni definiendo qué es un acto oficial; el Supremo ha dado esa potestad a los tribunales, en otro estupendo ejercicio de porque yo lo valgo.
La única forma de recuperar un ordenamiento jurídico en el que el presidente no esté por encima de la ley es que haya dos vacantes en el tribunal, ambas de jueces de la mayoría, ninguna baja en el bloque progresista, y que en ambos casos se produzcan con un presidente demócrata que tenga mayoría en el senado. Dado que los jueces hacen todo lo posible para jubilarse cuando su partido manda, y es quien puede escoger un substituto, es muy poco probable que tengamos un cambio de mayoría en el Supremo esta década.
Una cita final
Los Federalist Papers son una serie de artículos de opinión escritos por varios redactores de la constitución explicando la lógica del sistema de gobierno adoptado para intentar convencer al electorado que adoptaran la nueva ley fundamental. El número 69, escrito por Alexander Hamilton, explica en detalle que el jefe del ejecutivo puede ser castigado si comete actos ilegales.
“The President of the United States would be liable to be impeached, tried, and, upon conviction of treason, bribery, or other high crimes or misdemeanors, removed from office; and would afterwards be liable to prosecution and punishment in the ordinary course of law. The person of the king of Great Britain is sacred and inviolable; there is no constitutional tribunal to which he is amenable; no punishment to which he can be subjected without involving the crisis of a national revolution. In this delicate and important circumstance of personal responsibility, the President of Confederated America would stand upon no better ground than a governor of New York, and upon worse ground than the governors of Maryland and Delaware.”
La referencia a Maryland y Delaware es porque esos dos estados otorgaban, por aquel entonces, inmunidad a sus gobernadores. Hamilton no quiere ese modelo, y defiende que eso es lo que la constitución dice.
Supongo que la mayoría conservadora sabe más sobre el tema que el tipo que escribió el documento. A saber.
Lo de Posse Comitatus del Ala Oeste es una ley de finales del XIX, no un derecho constitucional.
Es decir, enviar un dron a bombardear la casa del amante de su mujer quizás no, pero argumentar que un rival político es un agente del Kremlin puede ser más que aceptable.
A tenor de lo leído, Joe Biden, en un acto oficial en ejercicio de su cargo, podría detener y llevar a Guantánamo a Trump usando alguna excusa creativa referida a la Seguridad Nacional, y gracias a la inmunidad que le ha otorgado el Tribunal Supremo, nadie podría acusarle de nada. Eso sí, las bases trumpistas no se lo tomarían muy deportivamente
Todo esto demuestra que no son sólo estúpidos, sino incompetentes y chapuceros. Por cierto, académicamente podemos debatir si lo de Trump es o no un golpe de estado (ilegal es, en cualquier caso), eso dependerá precisamente de cuánto acotemos la definición de "golpe de estado", si tomamos una definición amplia del estilo "violentar de alguna manera (en este caso bastante manera) las estructuras del estado para llevar el ascua a tu sardina" sin la menor duda que lo es, y desde ahí, lo que acaban de hacer estos tipos es precisamente un golpe de estado, más chapucero, màs descontrolado y con consecuencias de enorme alcance que está claro que a esta gente, si es que las ve, y debería, a no ser que se droguen que no podemos descartarlo, les tira completamente una higa.
Primero, los presidentes de EEUU, TODOS, han hecho lo que les ha dado la gana. Nunca han sido juzgados por ello ni a nadie se le ha pasado por la cabeza hacerlo, primero porque eran burradas de amplio consenso digamos así, y cuando alguno se pasaba de la raya haciendo listas (físicas, reales) de enemigos del Pueblo (o sea, de él, que casi mata a su mujer dos veces de las palizas que le daba borracho), lista donde metió a banqueros, el Mufti de IBM, altísimos cargos de Boeing y similares y demás, le dieron puerta con un estupendo escándalo y se deshicieron de él tranquilamente, no hizo falta volarle la cabeza públicamente porque si hablamos de derechas esta diplomacia china de jarrones y flores se entiende muy bien y si es izquierdoso o seudoizquierdoso,.sacamos el palo y listo.
Pero claro, eso es cuando el sistema funcionaba. ahora no.