El sagrado derecho a escoger tus votantes
El Tribunal Supremo acaba con la ley de derecho a voto
Tras la guerra civil americana hay un pequeño periodo, llamado “Reconstrucción”, por los historiadores, que abarca de 1865 a 1877. Durante esos años, y especialmente durante la (muy infravalorada) presidencia de Ulysses Grant, el Congreso de los Estados Unidos aprobó varias enmiendas constitucionales y leyes de derechos civiles para dar plenos derechos ciudadanos a los esclavos recién liberados de sus cadenas.
La enmienda y el voto
Los años de la “Reconstrucción” son un periodo absolutamente fascinante que merecen varios libros. Gran parte del sur está bajo ocupación militar, Grant crea el Departamento de Justicia para aplastar la primera encarnación del Ku Klux Klan, y hay violentos enfrentamientos y disturbios raciales en muchos lugares de la vieja confederación. Los republicanos (que eran entonces el partido norteño antirracista, no lo olvidemos) luchan por imponer la democracia en los estados que se rebelaron según son readmitidos, poco a poco, a la Unión.
Es en esta época en la que se aprueba la decimoquinta enmienda, que prohíbe denegar el derecho a voto por motivos raciales y permite al congreso aprobar legislación para hacer esta prohibición efectiva:
Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.
Nótese, y es un detalle importante, que el texto no concede el derecho a voto; la constitución americana no contiene nada en ese sentido. Simplemente prohíbe denegarlo a gente de color o ex-esclavos. Nada más.
Segregación
Muchos estados sureños se percataron que la enmienda habla sólo de raza, pero no menciona autoridad alguna por parte del congreso para restringir el derecho a voto por otros motivos. Casi de inmediato, aparecieron toda clase de leyes creativas para denegar el voto por causas que eran a primera vista “no raciales”, pero estaban muy correlacionadas con el color de piel (ser propietario, saber leer y escribir, pagar un impuesto para poder votar…). Las empezaron a aplicar de inmediato, de modo que casualmente sólo los negros se toparan con barreras para registrarse y participar.
El gobierno federal respondió aprobando una ley, la Enforcement Act, que prohibía a los estados imponer restricciones sobre el derecho a voto. Y, como sucede a menudo en la historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo decidió hacer una lectura restrictiva hasta el absurdo de una enmienda aprobada hacía nada y declaró esa ley inconstitucional. A partir de 1877, con la presidencia de Rutherford Hayes, el gobierno federal poco menos que abandonó por completo cualquier pretensión de proteger el voto a nadie1. El sur, en años sucesivos, esencialmente demolió cualquier pretensión de democracia e ilegalizó de facto la participación política de cualquier minoría racial en toda la confederación.
La Voting Rights Act
Este régimen autoritario persistió durante casi un siglo. No fue hasta la década de los 1950s cuando el Tribunal Supremo empezó a reconsiderar alguna de sus sentencias más absurdas legitimando la segregación racial. El congreso aprobaba sus primeras leyes de derechos civiles a finales de esa década, y ponía fin, de forma definitiva, a las restricciones del voto en el sur con la Voting Rights Act (VRA, ley de derecho al voto) de 1965.
La ley tiene tres componentes principales. Primero, prohíbe a los estados imponer cualquier restricción al voto que pueda denegar este derecho directa o indirectamente por motivos raciales. Para que las cosas quedaran bien claras, el Congreso enmendará la ley años después aclarando al Supremo2 que la discriminación ni siquiera debía ser intencionada para ser considerada ilegal. Segundo, prohíbe a los legisladores dibujar circunscripciones electorales que provoquen que minorías raciales se queden sin representación, diluyéndolas entre varios distritos. Tercero, impone la obligación que cualquier cambio sobre legislativo en estados o jurisdicciones con antecedentes de discriminación deba ser aprobado por el gobierno federal antes de entrar en vigor.
En años recientes el Tribunal Supremo ha declarado el requisito de revisión previa inconstitucional, por ser “discriminatoria”. Ayer, en una sentencia que esencialmente destruye la ley casi por completo, ha creado un estándar imposible que legaliza por completo el gerrymandering racial.
Usando la ley contra sí misma
Todo empezó el 2022, cuando un grupo de votantes llevó a Luisiana a los tribunales. Un tercio de los habitantes del estado son negros, pero los republicanos, que tienen un control completo de las instituciones, dibujaron un mapa electoral que concentraba a casi todos los votantes de color en un único distrito, y distribuía al resto en los cinco restantes. Como consecuencia, el estado tenía cinco congresistas blancos (republicanos) y uno negro (demócrata). Era un gerrymandering racial claro, la clase de mapa electoral que los tribunales federales tumbaban de forma rutinaria desde 1965. Eso es lo que hicieron en este caso.
Luisiana aprobó otro mapa el 2024, esta vez con dos distritos de mayoría negra. Un grupo de votantes blancos llevó el mapa a juicio, alegando que uno de esos distritos era a su vez un gerrymander racial que les discriminaba a ellos. Los tipos tuvieron suerte, encontrando un par de jueces federales que les dieron la razón (ambos nombrados por Trump), así que el caso acabó por volver al Supremo. La corte evitó pronunciarse el año pasado, pero tras darse un respiro, decidieron pronunciarse de nuevo, dando la razón a los demandantes.
En la sentencia, los seis jueces de la mayoría conservadora (todos nombrados por presidentes republicanos) llegan a la conclusión que la creación de un distrito que es “mayoría minoría” (es decir, mayoría negra) contradice la cláusula de igualdad ante la ley de la constitución. Los tribunales, alega la sentencia, deben aplicar la VRA de forma estricta, únicamente interviniendo cuando un estado dibuja una mapa electoral con la voluntad estricta y declarada en base a criterios raciales. Cuando Luisiana aprueba distritos con la intención de que la minoría negra esté representada, está entonces vulnerando la VRA.
Es decir: la ley que prohíbe discriminar racialmente al dibujar distritos también prohíbe dibujar distritos representativos según raza. Porque la representación es una forma de discriminación.
La sentencia va más allá. Lejos de conformarse haciendo cualquier intento de dibujar mapas medio racionales una quimera imposible, la corte señala que el estándar incluido en la VRA y clarificado mediante enmiendas posteriores por el congreso de que no es necesario demostrar que la discriminación es intencional es demasiado estricto. Si existe una motivación declarada plausible alternativa a la discriminación racial y los demandantes no pueden dar pruebas concretas que están intentando discriminar aposta, los tribunales deben otorgar al legislador el beneficio de la duda.
Cosa que, insisto, los legisladores prohibieron, pero que la sentencia esencialmente ignora por completo, sin ni siquiera molestarse a argumentar lo contrario.
Si os preguntáis qué motivaciones los legisladores que buscan crear un gerrymandering abiertamente racista pueden alegar para que el Supremo les deje discriminar sin remilgos, el propio tribunal ofrece un manual para ello. En el 2019, en Rucho vs. Common Cause, la corte concluyó que dibujar un mapa de circunscripciones con el único objetivo de favorecer a tu partido y dejar a la oposición sin representación es completamente legal, porque la constitución no incluye en ningún sitio cosas como el derecho a voto o a la representación política.
Hasta ahora, el único límite medio realista a que los partidos se pusieran en plan berserk a explotar sus mayorías legislativas estatales para crear mapas legislativos que extinguieran a sus rivales era, precisamente, la prohibición de la VRA a gerrymandering racial. En Estados Unidos, el voto está muy correlacionado con la raza, especialmente en votantes negros (que suelen votar 80-90% demócrata), así que un gerrymander partidista podía acabar discriminando por raza con relativa facilidad.
Con esta sentencia, sin embargo, el cielo es el límite. Los legisladores pueden crear distritos todo los discriminatorios que quieran para hacer que el voto de las minorías raciales que quieren excluir del sistema sea totalmente irrelevante, y lo único que tienen que decir es que lo hacen para excluir a sus rivales políticos del poder. El Supremo ha autorizado a los políticos de todo el país a hacer que las elecciones sean casi completamente irrelevantes, creando mapas electorales a su medida.
Un derecho ilimitado de los políticos a escoger a su electorado. Una concepción fabulosamente idiota de lo dice la constitución y lo que es una democracia.
