De abogados y constituciones
Politólogos, constituciones, y shamanismo interpretativo
Estos son días de vistas orales en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y como tal, tenemos la enésima ronda de jueces conservadores muy serios haciendo preguntas ominosas indicando que tienen ganas de desmantelar una montaña de jurisprudencia y derechos adquiridos mediante otra lectura creativa de la constitución.
He escrito a menudo sobre cómo el Supremo siempre ha sido un tribunal eminentemente político, una especie de cámara legislativa de tercera lectura disfrazada de tribunal. Esto es, de hecho, uno de los temas recurrentes de mi libro, y uno de mis mantras más repetidos en este boletín. Sin meterme en el puñado de sentencias atroces que estamos todos esperando este año (que las habrá seguro), hay dos cosas en el debate político americano que siempre me han parecido muy curiosas al hablar sobre el papel de esta institución y su funcionamiento.
El oráculo
Primero, hay una insistencia tremenda por parte de los medios y muchos comentaristas de tratar al Supremo como una institución técnica e imparcial. A pesar de que, desde hace décadas el mejor predictor sobre cómo votará cada juez es la ideología del presidente que lo nombró para el cargo (con contadas excepciones) y que la corte tiene una desmedida afición a cambiar radicalmente su interpretación de la ley fundamental, se les sigue tratando como un oráculo, un grupo de señores con toga que hacen profundas argumentaciones legales que deben ser tomadas muy, muy en serio.
Las consecuencias de las sentencias son obviamente importantes, pero la justificación legal es muchas veces un ejercicio de retórica, con los magistrados buscando toda clase de explicaciones históricas, lingüísticas o semánticas para apoyar una conclusión predeterminada.
Abogados y juristas
El segundo elemento curioso, e irritante, es cómo el debate sobre el tribunal está dominado por abogados, académicos de facultades de derecho y jueces, a pesar de que las constituciones y la interpretación constitucional son objetos esencialmente políticos.
Eso viene por este artículo de Cass Sunstein, un catedrático de derecho en Harvard con una larga carrera académica y política, tanto dentro del departamento de justicia como fuera.
La discusión de fondo estos días es dirimir si el presidente, como jefe de gobierno, tiene el poder de despedir a cualquier persona que trabaje en el ejecutivo, incluso si este es alguien que dirige una agencia creada por una ley que dice explícitamente que el presidente no puede despedirles. La interpretación tradicional (vía una sentencia del Supremo de 1935) es que el Congreso puede crear cargos fuera de su alcance. Los conservadores, desde la época de Reagan, están convencidos que la constitución da al presidente un poder absoluto en la dirección del ejecutivo, y que esa clase de protecciones son inconstitucionales.
Sunstein es, obviamente, mucho más listo y mejor jurista que yo, así que su interpretación legal y su descripción de cómo el Supremo va camino de desmantelar el sistema de agencias reguladoras independientes dentro del ejecutivo es mucho más rica e interesante de lo que yo puedo comentar. Lo que me sorprende es cómo Sunstein (y los expertos y analistas sobre el tema, en general) enfocan el debate.
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