Un conflicto que preferirían cerrar
El partido republicano ahora quiere pasar página sobre el aborto. No les será fácil.
El viernes pasado Matthew J. Kacsmaryk, un juez federal de Amarillo, Texas, dictó una resolución prohibiendo la venta de mifepristone, un medicamento utilizado para inducir abortos. La orden judicial no entrará en vigor hasta el viernes de esta semana, para permitir que el departamento de justicia, si así lo desea, la recurra a una instancia superior.
Todo lo que rodea este caso es extraordinario, empezando por lo increíblemente radical que es la orden del juez y su interpretación de la ley.
Una sentencia peculiar
El medicamento en cuestión fue aprobado para su uso por la Food and Drug Administration (FDA) hace veintitrés años, una auténtica eternidad. Las autoridades tienen toneladas de datos sobre sus efectos secundarios y efectividad; es muy segura. El plazo para llevar a un juicio un medicamento aprobado se agotó hace dos décadas, pero Kacsmaryk ha decidido que dado que la FDA ha relajado los controles sobre mifepristone al considerarla segura, el “reloj” vuelve a contar mágicamente.
Tampoco hay ninguna ley o precedente que permita a un juez contradecir a la FDA y prohibir un medicamento, pero este buen señor ha decidido que él puede hacerlo, invocando la Comstock Act, una ley de 1873 (¡!) diseñada para prohibir el envío por correo de materiales obscenos. Comstock nunca fue derogada formalmente por el congreso; las sentencias judiciales sobre las que descansa el derecho a la privacidad (y el aborto, hasta la sentencia del año pasado) la habían convertido en papel mojado. Este buen hombre ha decidido recuperarla en todo su esplendor decimonónico.
Para acabarlo de rematar, la jurisprudencia es clara de que sólo personas que sufren consecuencias negativas directas pueden llevar algo a juicio en este país, pero Kacsmaryk ha aceptado la denuncia de unos cuantos médicos ultraconservadores que dicen sufrir mucho cuando tienen que recetar el fármaco en cuestión.
Una estrategia premeditada
La retorcida argumentación de Kacsmaryk, por desgracia, no tiene demasiado de sorprendente. Los abogados que llevaron el caso y pusieron la denuncia en el distrito norte de Texas sabían perfectamente que este era el juez que iba a coger el caso. Antes de que Donald Trump le nombrara juez, Kacsmaryk fue abogado del First Liberty Institute, un grupúsculo ultraconservador especializado en llevar casos sobre “libertades religiosas” a los tribunales, utilizando toda clase de interpretaciones constitucionales igualmente creativas. Sus ideas reaccionarias y su aprecio por demoler leyes es conocido y apreciado dentro del mundillo de chiflados ultramontanos de Estados Unidos, que han construido una verdadera cadena de montaje de litigios incendiarios en la puerta de su juzgado. Gracias a ello, ha acumulado una auténtica burrada de sentencias absurdamente cavernícolas en los últimos años, provocando pánicos jurídicos con alarmante frecuencia.
Lo que hace a Kacsmaryk especialmente valioso, sin embargo, no es su chifladura individual, sino la complicada carambola de nombramientos que tiene por encima. El tribunal de Kacsmaryk cae bajo la jurisdicción del quinto circuito federal, quienes revisan los casos cuando se recurren sus sentencias. Merced de una entusiasta colonización de ese tribunal durante la presidencia de Trump con una miríada de jueces igual de reaccionarios, casi todas las sentencias de Kacsmaryk acaban siendo confirmadas, haciendo que acaben con alarmante regularidad en el tribunal supremo.
Como he comentado otras veces, esto no es casualidad, sino fruto de un plan consciente a largo plazo de la derecha religiosa y el movimiento conservador americano de controlar los tribunales federales para imponer su agenda. Esto no es ser conspiranoico, que conste; es algo que llevan años diciendo en voz alta. Tras la derogación de Roe v. Wade, que eliminó el derecho al aborto a nivel federal dejando la decisión a los estados, el objetivo ahora es llevar un caso al supremo que fuerce su prohibición a nivel federal. De momento, con este caso, buscan ilegalizar un medicamento que es empleado en la mitad de abortos legales en Estados Unidos, poco a poco construyendo la estructura y precedentes necesarios para forzar la decisión.
Quizás no ahora
Todo apunta, no obstante, que este caso en particular quizás no sea el más indicado para alcanzar este objetivo. La sentencia de Kacsmaryk es demasiado chapucera y con consecuencias demasiado imprevisibles (¿retirar la autoridad de aprobar medicamentos a la FDA?) para permitir que el supremo se pronuncie de manera coherente. El tribunal, sin ir más lejos, confirmó la autoridad de la FDA en la regulación de medicamentos hace sólo dos años precisamente en un caso sobre mifepristone. La administración Biden ha recurrido el caso, y es muy probable que ganen.
Los nombramientos a juez federal, sin embargo, son vitalicios, y Kacsmaryk tiene 45 años. Los conservadores quizás fracasen esta vez, pero volverán, sea con Comstock, sea con otra regulación absurda sacada de algún tomo del s.XIX. Y con el supremo a menudo actuando como una cámara legislativa más, el riesgo de que el aborto sea restringido con aún más dureza desde los tribunales sigue ahí.
El problema del ganador
La paradoja, en este caso, es que el partido republicano casi seguro prefiere que los abogados cristianos palizas del movimiento conservador dejaran de dar la tabarra de una vez.
La semana pasada Janet Protasiewicz ganó unas elecciones para ocupar una vacante en el tribunal supremo de Wisconsin por once puntos, un océano en una estado que había estado dividido 50/50 en las dos últimas presidenciales. La campaña entera fue, básicamente, sobre el derecho al aborto, especialmente sobre una ley estatal de 1849 (!!) que lo prohíbe. Su oponente, un furibundo anti-abortista, se pasó meses intentando evitar el tema, pero se llevó una paliza igual.
En uno de los casos más claros y dolorosos de “cuidado con lo que deseas” que he visto en política, parece que la victoria en el supremo sobre el aborto ha provocado una oleada de votos en contra del partido que pedía que eso sucediera. Desde la sentencia, todas las elecciones estatales son absolutamente cruciales para proteger este derecho. Dado que la mayoría social en Estados Unidos es abrumadoramente a favor del derecho a interrumpir el embarazo, el GOP le ha dado un bate de béisbol a los demócratas con el que atizarles. Y cada sentencia judicial como la de este iluminado de Texas es otro recordatorio sobre el tema, y otra motivación más sobre la necesidad de ir a las urnas.
La persistente contradicción de Estados Unidos, moviéndose a la vez hacia el futuro y el pasado, ciertamente.
Bolas extra
Cuando un legislador es expulsado de su escaño en Tennessee, las autoridades del distrito que representaba deben nombrar a un substituto, si queda menos de un año hasta las elecciones. Por 36-0, el consejo metropolitano de Nashville ha decidido que Justin Jones recupere su escaño. Su colega, Justin Pearson, seguramente recuperará el puesto el miércoles.
El gobernador de Texas ha indultado a un tipo que mató a tiros a un manifestante de Black Lives Matter.
Clarence Thomas, juez del supremo, lleva años recibiendo regalos y prebendas millonarias de Harlan Crow, un mega-donante republicano.
Harlan Crow es la clase de tipo que tiene colgados cuadros pintados por Adolf Hitler en casa y tiene una curiosa fascinación por la parafernalia nazi. Pero sólo porque odia la tiranía, insiste.
Alguna consecuencia en el corto y mediano plazo en Tennessee, sobre los 2 legisladores demócratas expulsados por la asamblea estatal?