Oklahoma y las deudas del pasado

Como una sentencia del supremo arregló una injusticia de hace 200 años - y como a pesar de todo, cambiará poco las cosas.

La historia empieza el 30 de junio de 1830. Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, firma la Indian Removal Act, cumpliendo una de las grandes promesas de su campaña. La ley autoriza al presidente a negociar con las tribus indias que aún viven en el sur del país su traslado a territorios al oeste del río Mississippi a cambio de permitir a colonizadores blancos ocupar sus tierras.

Una de las tribus aún presentes en la región eran los Muskogee (o Creek), confinados en una pequeña región de Alabama. La historia de esta tribu no difiere demasiado de lo que vivieron muchas otras en norteamericana. Llegada de colonos, algún contacto violento, convivencia entre tensiones, intentos de asimilación por parte del gobierno federal en los años posteriores a la independencia, confiscación de tierras, rebeliones, y tratados humillantes condenándoles cada vez a territorios más pequeños, cada vez más expuestos a la rapacidad colonos blancos ocupando sus tierras con impunidad.

En 1836, los Muskogee se rebelaron por última vez. Tanto el gobierno federal como el estado de Alabama se habían negado a hacer efectivo ninguno de los tratados que protegían sus tierras. Desesperados, empezaron a atacar a los blancos que intentaban ocuparlas ilegalmente. Andrew Jackson envió a tropas federales al mando de Winfield Scott. Tras reprimir la rebelión, los 15.000 Muskogee que aún permanecían en Alabama fueron deportados a la fuerza a Oklahoma. 3.500 murieron por el camino.

El último tratado que firmaron los Muskogee en 1832, antes de ser deportados, incluía una promesa: una cláusula que rezaba “el país de los Creek, al oeste del Mississippi, será solemnemente otorgado con garantías a los indios Creek”. Un tratado en 1833 definía las fronteras de este país (que fueron reducidas en 1866), pero ese fue el acuerdo, firmado por el gobierno federal de Estados Unidos con lo que era (y es) legalmente una tribu soberana.

Esa era la ley.

Más de un siglo y medio después, en 1997 un indio seminola (otra tribu deportada a Oklahoma tras rebelarse contra otro tratado humillante) llamado Jimcy McGirt era condenado por un tribunal estatal de Oklahoma a cadena perpetua por violar una niña de cuatro años.

En 2018, Tras pasar 21 años entre rejas, McGirt decidió apelar su caso. Su argumento legal es que el crimen había sido cometido en territorios pertenecientes a los Muskogee, al estar dentro de los límites marcados por el tratado de 1866, y cuya soberanía, según el tratado original de 1832, pertenecía a la tribu india.

Bajo ese supuesto, el estado de Oklahoma no tenía jurisdicción alguna para detener y juzgar a un nativo americano que cometiera un delito grave en ese lugar. Sólo podía ser acusado y juzgado por un tribunal federal, dado que era el gobierno federal quien había firmado los esos tratados.

El caso fue litigado en Oklahoma, recurrido, y litigado otra vez hasta llegar al tribunal supremo. En una sentencia publicada la semana pasada, una mayoría de 5-4 daba la razón a McGirt: el tratado de 1832 sigue en pie, y la mitad este del estado de Oklahoma era y sigue siendo territorio indio (y sí, ese es el término legal incluso hoy, y es el lenguaje que usa la sentencia), donde sólo los tribunales federales tienen jurisdicción para juzgar delitos graves.

Las consecuencias de esta sentencia son… complicadas. Por un lado, McGirt no será un hombre libre; el gobierno federal lo va a llevar a juicio de inmediato, y probablemente volverá a ser condenado. Morirá en la cárcel. El caso se limita a una cuestión jurisdiccional muy específica, y lo único que cambiará a corto plazo es que cualquier nativo americano (sea Muskogee, Seminole u otra tribu que fuera deportada a Oklahoma) que cometa un delito grave al este del estado acabará en un tribunal federal en vez de una estatal.

Más allá de casos criminales contra nativos americanos, el estado de Oklahoma verá pocos cambios directamente. La autoridad de la reserva india en el estado no es estrictamente territorial, sino que se limita a aquellos que son nativos americanos dentro de su territorio. Oklahoma tiene casi cuatro millones de habitantes, de los que apenas 80.000 son Muskogee y otras tribus amalgamadas en la reserva. Aquellos que vivan en el territorio tribal de 1866 ahora pagarán impuestos a la tribu en vez de al estado; dado que sus números son tan reducidos, el impacto fiscal será muy pequeño. La sentencia, sin embargo, les da un precedente para negociar con el estado a partir de ahora, pero poco más.

Por encima del precedente legal, por poderoso que sea, McGirt tiene un fortísimo componente simbólico. Dejadme que cite la sentencia, escrita por Neil Gorsuch (un juez nombrado por Trump, por cierto), porque es significativa. Las negritas son mías:

“On the far end of the Trail of Tears was a promise. Forced to leave their ancestral lands in Georgia and Alabama, the Creek Nation received assurances that their new lands in the West would be secure forever. In exchange for ceding “all their land, East of the Mississippi river,” the U. S. government agreed by treaty that “[t]he Creek country west of the Mississippi shall be solemnly guarantied to the Creek Indians.” Both parties settled on boundary lines for a new and “permanent home to the whole Creek nation,” located in what is now Oklahoma. The government further promised that “[no] State or Territory [shall] ever have a right to pass laws for the government of such Indians, but they shall be allowed to govern themselves.”. Today we are asked whether the land these treaties promised remains an Indian reservation for purposes of federal criminal law. Because Congress has not said otherwise, we hold the government to its word.”

El gobierno de los Estados Unidos hizo una promesa. Al final del camino de lágrimas, la larga marcha hacia el oeste, el gobierno federal prometió tierras y autogobierno, y lo hizo mediante un tratado. Esos tratados no son papel mojado, sino una promesa que debe ser cumplida.

Durante toda su historia, el gobierno de los Estados Unidos ha firmado innumerables tratados con tribus nativas. Durante siglos, esos tratados no han sido respetados. Los nativos han sido discriminados, deportados, confinados, e incluso exterminados una y otra vez. Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga, en voz alta, que el gobierno del país está obligado legalmente a hacer efectivo los acuerdos que firmó es un paso muy importante, por mucho que llegue 200 años tarde.

Bolas extra:

• Hay un musical del 2010 mucho menos conocido que Hamilton pero también extraordinario que toca algunos de los temas de este artículo - “Bloody Bloody Andrew Jackson”, un biopic del presidente que habla de racismo, populismo, y resentimiento a ritmo de rock. Está enterito en Spotify, y es increíblemente relevante estos días.

• Por supuesto, está también “Oklahoma”, pero de ese musical hablamos otro día. El montaje que se estrenó el año pasado en Broadway es fabuloso.

• Si, el derecho que regula las reservas indias es muy complicado. A efectos prácticos, donde hay una reserva hay dos “gobiernos” - el estatal para los no-nativos, y la reserva para nativos - dentro de una misma área geográfica.

• La administración Trump ha decidido que los hospitales no envíen los datos de contagios, hospitalizaciones y muertes de coronavirus a la CDC, sino que lo hagan directamente a una nueva oficina en la Casa Blanca. Es una maniobra como poco un tanto sospechosa - y más en una administración abiertamente hostil a compartir datos y que lleva meses diciendo que lo del COVID es un invento progre.

• La extraña historia del Ambassador Bridge, el paso fronterizo con más tráfico entre Canadá y Estados Unidos, que conecta Ontario y Detroit, Michigan. El puente es de propiedad privada, y… bueno, leed la historia.

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