Las enmiendas de la rebelión
Una reforma constitucional fallida, Donald Trump, y dos profesores de universidad
Las reconstruction amendments, o enmiendas de la reconstrucción, son tres enmiendas constitucionales aprobadas entre 1865 y 1870, justo después de la guerra civil. La intención de la mayoría republicana del congreso era garantizar las libertades y derechos de los esclavos liberados y protegerles contrar la discriminación racial. Es otra de las señales claras, obvias y evidentes que la guerra civil fue sobre y para abolir la esclavitud, y no otra de esas fantasías confederadas que intentan disimular la naturaleza tiránica y racista de la confederación.
La enmiendas cubren lo siguiente:
Decimotercera enmienda: la más sencilla; abolición de la esclavitud. Incluye una excepción francamente bizarra que permite mantenerla como castigo de un delito, motivo por el que en Estados Unidos es aún legal una condena a trabajos forzados. El último estado en ratificarla fue Misisipi en 1995 (¡!), aunque entró en vigor en 1865.
Decimocuarta enmienda: la más larga, la de ciudadanía. Esta es la enmienda que establece ius soli en Estados Unidos (cualquiera nacido en el país es ciudadano). En la misma sección primera también se incluye la cláusula que garantiza la igualdad ante la ley. La sección segunda habla sobre el reparto de escaños en el congreso. La sección cuarta es una garantía de la deuda federal, de la que hemos hablado otras veces. La divertida es la sección tercera, sobre los derechos políticos de los insurrectos; ahora hablaremos de ello.
Decimoquinta enmienda: la ley que prohíbe retirar el derecho a voto por motivos de raza, color de piel, o haber sido esclavo. Nótese que no garantiza el derecho a voto; la constitución de Estados Unidos no lo protege, cosa que ha sido un problema.
Insurrectos
Volvamos a la decimocuarta enmienda. La sección tercera reza lo siguiente:
Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como oficial de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad.
Dicho en breve, cualquier cargo electo que haya participado en una insurrección o rebelión contra estados unidos está inhabilitado para ocupar un cargo público para siempre. La única forma de levantar este veto es por votación en el congreso, con mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
En la práctica, la enmienda no se aplicó demasiado. En 1872, el presidente Ulysses Grant pidió el congreso que aprobara una ley de amnistía que retiró la inhabilitación a la mayoría de confederados; sólo los rebeldes de mayor rango permanecieron excluidos. En 1898 aprobaron una amnistía más amplia. Desde entonces hasta el 2021, la decimocuarta enmienda sólo había sido invocada una vez, contra Victor L. Berger, candidato del partido socialista de América escogido a la cámara de representantes en 1919. Berger había sido condenado por espionaje por su oposición a la entrada de Estados Unidos en la primera guerra mundial; cuando el supremo invalidó la pena en 1921, pudo ocupar su escaño1.
La enmienda quedó olvidada en un rincón de la constitución hasta que un siglo después, tuvimos otro golpe de estado.
Desempolvando leyes antiguas
Tras el asalto al capitolio y la insurrección trumpiana, un grupo de abogados en Carolina del Norte pusieron un pleito contra Madison Cawthorn, un representante al congreso de nombre absolutamente maravilloso, chiflado MAGA del ala dura, y cretino fantasioso de primera clase.
Estas son, desgraciadamente, sus virtudes. El principal defecto de Cawthorn es que era un golpista, y fue uno de los “animadores” en el mitin previo al asalto al congreso del seis de enero. Los abogados que lo llevaban a juicio querían que las autoridades electorales lo inhabilitaran por ese motivo: había sido parte de una insurrección siendo un cargo electo; no podía ser miembro del congreso.
Los jueces se tomaron la idea en serio. Cawthorn intentó desestimar la demanda, diciendo que la amnistía de 1872 le eximía de la inhabilitación; un tribunal federal le dijo que ni de broma. El caso, sin embargo, nunca fue a juicio, ya que Cawthorn perdió las primarias republicanas, haciendo la demanda innecesaria. La idea de que la decimocuarta enmienda quizás era aplicable a los sucesos del seis de enero, no obstante, no murió del todo.
Revisando una rebelión
Dos profesores de derecho, William Baude (Universidad de Chicago) y Michael Stokes Paulsen (St. Thomas), ambos miembros de la ultraconservadora Federalist Society, acaban de publicar un artículo largo y detallado analizando la jurisprudencia, legislación, debates constitucionales e implicaciones legales de esta sección medio olvidada de la ley fundamental. Tenían curiosidad por averiguar cuál era su impacto, y si su existencia podía jugar un papel en las próximas elecciones, si Trump era candidato.
Su conclusión: Donald Trump no puede ser presidente a no ser que el congreso vote su amnistía.
No voy a decir si el artículo es convincente o no, porque no soy abogado y el derecho constitucional americano tiene mucho de chamanismo esotérico y analizar el vuelo de las aves. Los autores, eso sí, están convencidos que hay evidencia suficiente y las acciones de Trump tras perder las elecciones son lo bastante obvias de que estaba intentando subvertir su resultado como para caer en la definición constitucional.
Según los autores, el término específico utilizado en la enmienda (“engaged in”) es mucho más amplio que “participado”, “organizado” o “cometido”, y no implica ni condena penal previa; los legisladores de 1866 utilizaron el lenguaje más general posible, y lo hicieron con toda la intención del mundo. El lenguaje de la enmienda es “automático” y no requiere ley alguna para ejecutarlo. Cualquier persona que deba decidir si Trump puede ser candidato tendría, en teoría, no sólo la potestad sino la obligación de denegarle el acceso a la papeleta. La decisión no dependería de una resolución judicial; un secretario del estado en cualquier lugar del país (los responsables estatales de gestionar elecciones) puede y debe actuar en este sentido.
Si alguno de los cincuenta secretarios del estado del país quiere salir mucho en televisión el año que viene una vez Trump sea candidato, hacerse el héroe, y recibir muchas amenazas de muerte, aquí tiene la receta para hacerlo. Me sorprendería que no encuentren a algún chiflado que decida dar el paso.
Trump, por supuesto, podría recurrir esa decisión, y sería un juez (y en última instancia, el supremo), quien decida si la determinación de ese secretario del estado es correcta, y Trump ha “incurrido en insurrección o rebelión” contra los Estados Unidos o ha dado “auxilio o consuelo” a quienes han participado en ella.
¿Funcionaría? Lo dudo. El derecho constitucional americano es básicamente un paseo aleatorio por argumentos legales y precedentes que terminan a menudo por justificar, misteriosamente, la afiliación partidista de los nueve jueces del supremo. Dudo mucho que Roberts, Alito, Thomas, Kavanaugh, Coney Barrett y Gorsuch tenga suficiente sentido del humor como para volar por los aires unas elecciones presidenciales de ese modo, por muy potente que sea el argumento legal de estos dos catedráticos. Lo más probable es que crearan una serie de condiciones estrictas restringiendo qué es esto de “engage in rebellion” y se lavaran las manos.
Sería divertido verlo, de todos modos.
Epílogo: las enmiendas fallidas
Me he referido a las enmiendas de reconstrucción como una reforma constitucional fallida, y lo cierto es que lo fueron. Durante la presidencia de Grant, hasta 1876, el gobierno federal hizo lo posible para implementarlas y asegurar su cumplimiento, y el congreso aprobó varias leyes de derechos civiles para ponerlas en práctica. Una de esas leyes, de 1872, persigue aquellos que intentan privar los americanos de su derecho a votar, y está siendo utilizada en una de las acusaciones contra Trump.
Por desgracia, el partido republicano empezó a cansarse de la lucha por los derechos civiles, y los demócratas, según los estados del sur volvían a entrar en la unión, recuperaron poco a poco su poder político. Las elecciones de 1876 acabaron en un empate técnico en el colegio electoral y tuvieron que ser decididas de mala manera en el congreso; los republicanos mantuvieron la presidencia, pero a cambio aceptaron permitir la creación de un régimen de segregación racial en el sur. El tribunal supremo procedió a reinterpretar las tres enmiendas de reconstrucción de la forma más restrictiva posible, legitimando en última instancia las leyes de Jim Crow.
Pasarían décadas (hasta los 1950s) antes de que el tribunal supremo volviera a coger casos de derechos civiles y cambiara (otra vez) la interpretación de estas. Pero de esa historia hablaremos, me temo, en otra ocasión.
(o en un libro)
Berger era un sewer socialist de Wisconsin, una de mis rarezas históricas favoritas del país.
Supongo que cuando hablar de Berger como espia es porque fue condenado en base a la Spionage Act de 1917, donde se podína meter en la cárcel a cualquiera que se opusiera a una guerra de EEUU (mira, como las leyes de Putin, pero 100 años antes) y que se usaba también para atacar al movimiento obrero de izquierdas.
Esa ley sigue en vigor y es la que se usa para procesar a Assange, Maning, etc ... igual te sale un artículo majo de ahí.
Btw, enhorabuena por el blog! Lo sigo con fruición y siempre cubre temas muy interesantes. Sldos y buen fin de semana.