La guerra contra los abogados

De cómo las élites americanas nunca entendieron a Lando Calrissian

Hace un mes, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva con un título un poco extraño: “Adressing risks from Paul Weiss” (resolviendo los riesgos de Paul Weiss).

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Paul Weiss) es un bufete de abogados radicado en Nueva York con más de 1.200 letrados, una de las white shoe firm (despacho de zapatos blancos, como se conocen los bufetes de élite) más prestigiosas del país. En la orden, la administración detalla una serie de prácticas que considera “poco éticas” por parte del bufete, entre las que se incluyen emplear a Robert Muller, el exdirector del FBI que llevó la investigación de la trama rusa, cooperar en las acusaciones contra los asaltantes al Capitolio ese seis de enero, o haber contratado uno de los fiscales que llevaron el caso que acabó condenando a Trump por docenas de delitos en Nueva York¹. Además, también critica prácticas políticas de personal basadas en “diversidad, equidad e inclusión”, que la Casa Blanca considera discriminatorias.

Debido a estos tremendos “crímenes”, la administración, dice, se ve obligada a tomar medidas de inmediato contra Paul Weiss. Primero, va a retirar cualquier acceso a documentos clasificados o secretos a sus empleados, haciendo imposible para el bufete llevar cualquier caso de seguridad nacional. Segundo, van a cancelar todos los contratos que cualquier agencia federal tenga como ellos. Tercero, van a denegar la entrada a sus empleados a cualquier edificio o instalación federal. Cuarto, prohíben al gobierno contratar a nadie que haya trabajado para ellos.

Para un bufete como Paul Weiss, especializado en llevar casos increíblemente complicados en temas relacionados con finanzas, defensa, y seguridad nacional, estas medidas son poco menos que un asesinato empresarial. Si tus clientes son compañías que trabajan con el Pentágono, o bancos que están aplicando sanciones o cooperando con el gobierno en casos de crimen organizado, o empresas enormes que están trabajando con la administración, el decreto hace todos esos contratos inviables. Paul Weiss pasa a ser un bufete de pueblo con abogados sin acceso a nada. Son medidas brutalmente punitivas.

Como de costumbre, tengo que repetir lo mismo de siempre: esto es completamente ilegal. El gobierno federal no puede decidir, por las bravas, que un bufete de abogados tiene empleados que le caen mal o ha llevado casos o representando clientes con los que no está de acuerdo y que eso es motivo para destruirles. El gobierno federal no puede tampoco establecer, a lo bruto, que una empresa contrata a gente “mal” y que sus políticas de personal justifican volarlo por los aires. Trump, sin embargo, cree que Paul Weiss son el enemigo, así que está utilizando el poder del estado para tomar represalias contra ellos.

Rendiciones

El decreto contra Paul Weiss pasó relativamente desapercibido más allá del mundillo de la abogacía de élite en Estados Unidos y cuatro frikis de la política. Eso se debe, en parte, a que nadie en los medios iba a llorar demasiado fuerte porque un grupo de letrados increíblemente bien pagados se llevaran un sopapo, y en parte porque no era la primera orden de esta clase. Trump había promulgado decretos parecidos contra otros bufetes pocos días antes. Bajo cualquier otro presidente, este sería un documento increíblemente inusual. Bajo Trump, era otro viernes.

En ocasiones anteriores, los bufetes implicados anunciaron que estudiarían sus opciones o llevaron a la administración a los tribunales de inmediato, acusándoles (con razón) de saltarse media docena de leyes y artículos de la constitución. En el caso de Paul Weiss, la historia fue distinta. Una semana después, el 21 de marzo, la Casa Blanca publicaba otra orden ejecutiva detallando las “medidas compensatorias” que habían pactado con ellos para retirar el decreto anterior. Paul Weiss reconocía que uno de sus exempleados había acusado a Trump falsamente (¡aunque fue condenado por ello!), dejarían de aplicar política de equidad, y se comprometían a ofrecer el equivalente a $40 millones en representación legal pro-bono (es decir, gratuita) en apoyo de causas y temas legales que sean del agrado del presidente.

Esto es: ante un ataque legalmente injustificable a su empresa y la amenaza de que la administración les penalizara por simplemente contratar a gente que cae mal a Trump, Paul Weiss decidió que era mejor rendirse, darle $40 millones en mano de obra gratuita a Trump y lamerle las botas furiosamente. El bufete de abogados decidió no litigar nada para defenderse.

En las semanas siguientes, la administración Trump ha publicado una orden ejecutiva tras otra contra prácticamente todos los bufetes de abogados de élite del país. Las excusas varían; todas son acusadas de ser woke y “discriminar” con sus políticas de inclusión y equidad, pero la lista de “riesgos” a la seguridad es distinta para cada una, aunque incluye invariablemente haber trabajado con demócratas o con alguien que osó investigar a Trump en el pasado. Hasta ahora, nueve bufetes han llegado a acuerdos con la administración, con promesas de ser menos woke, purgar a los enemigos del régimen, y ofrecer millones de dólares en servicios gratuitos al presidente. Tenemos, además de los $40 millones de Paul Weiss, $100 millones de Cadwalader, $100 millones de Milbank, $100 más de Skadden Arps, $100 millones de Willkie Farr, con &O Shearman, Kirkland & Ellis, Latham & Watkins y Simpson Thacher pasando por caja por $125 millones cada uno.

Estos bufetes, cuando explican por qué se rinden patéticamente ante un presidente que está usando el poder del estado contra sus enemigos, suelen argumentar que lo hacen para “proteger a sus clientes”. Si están representando a una empresa con contratos federales y caen en el punto de mira de Trump, no pueden defenderles de forma efectiva. Tienen que ceder para hacer su trabajo.

Mi impresión, sin embargo, es que si yo fuera un cliente de Paul Weiss y viera que mis abogados son incapaces de defender sus propios derechos constitucionales ante una extorsión presidencial a plena luz del día, eso me generaría muy serias dudas si van a esforzarse demasiado defendiendo mis intereses de forma efectiva, o se pondrán a llorar igual a poco que les aprieten.

Batallas legales

Las capitulaciones de tantos bufetes punteros (incluyendo los dos más importantes del país por nivel de ingresos) es más extraordinaria cuando se compara con la reacción de otros más pequeños. Perkins Coie fue el primero en recibir la atención Trump, en su caso por haber representado a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 2016 y haber trabajado con George Soros. Lejos de amedrentarse, Perkins (radicados en Seattle, y han sido siempre los abogados de Boeing) llevó a la administración a los tribunales de inmediato, exigiendo la suspensión del decreto. Más de 500 bufetes de todo el país firmaron un documento en su apoyo.

Un juez federal inmediatamente bloqueó la medida, dos días antes de que Paul Weiss recibiera la orden ejecutiva. Los bufetes que han decidido resistirse (que son minoría) han ganado en los tribunales suspensiones cautelares, los jueces, sin excepción, expresando horror ante la obvia ilegalidad de las acciones de Trump. Paul Weiss, Kirland, Skadden, y el resto de los bufetes que están actuando como pagafantas entusiastas postrándose ante la administración están rindiéndose porque quieren.

La prueba de Lando Calrissian

Aunque es difícil sentir compasión alguna por abogados millonarios lamiendo botas al presidente, estas batallas legales son representativas de algo que hemos visto múltiples veces durante las últimas semanas. La administración Trump decide tomar represalias excediendo cualquier justificación o autoridad legal contra una empresa o institución al azar, sean universidades, medios de comunicación, estados, o empresas variadas. Casi todas estas acciones son ridículas, están basadas en premisas absurdas o se inventan leyes por completo. Trump, por ejemplo, está retirando miles de millones de dólares en fondos a universidades por todo el país acusándolas de ser woke, tener deportistas transexuales, y no reprimir el antisemitismo en sus campus, o expulsó a Associated Press de la Casa Blanca por negarse a llamar al Golfo de México “Golfo de América”.

Ante estos ataques, las entidades que deciden responder con abogados ganan en los tribunales, sin excepción. A pesar de ello, la mayoría de las instituciones deciden postrarse ante la administración y hacer lo que les exigen, por absurdas que sean sus demandas. El caso más patético ha sido Columbia, que firmó un “acuerdo” con la Casa Blanca para “combatir el antisemitismo” que esencialmente daba el control de gran parte de sus decisiones sobre disciplina al gobierno federal y disolvía de facto un par de departamentos académicos. La respuesta de la administración no fue darles palmaditas en la espalda, sino decirles que saltaran más alto, amenazándoles con retirar otra millonada de su presupuesto.

¿Os acordáis de esa escena en “El Imperio Contraataca” cuando Darth Vader le dice a Lando Calrissian que los términos de su acuerdo con el imperio han cambiado, y que más vale que rece para que no vuelva a alterarlos?

Demasiadas instituciones americanas están viéndose confrontadas por la prueba de Lando, pero en vez de enviar a Trump a la mierda, deciden rendirse una y otra vez.

Aceptando a los tiranos

Estos días, con los aranceles, algunos me habéis preguntado por qué el sector empresarial americano no estaba diciendo apenas nada sobre esta debacle, o las múltiples pifias, cacicadas, y voladuras incontroladas de agencias clave del gobierno federal. Parte del problema, me temo, es que esta gente nunca ha visto “El Imperio Contraataca”. También, creo, es que existe un genuino temor a que la Casa Blanca la tome contigo y decida ir a por tu institución o empresa. Así que te quedas con un artículo tras otro con títulos como “esto es lo que dicen los líderes empresariales sobre Trump en privado”, o reportajes sobre lo indignados que están en Wall Street con los aranceles plagados de citas anónimas.

Lo que hace posible la existencia de regímenes autoritarios no es tanto un elevado apoyo popular, sino un estudiado rechazo de las instituciones y élites empresariales del país a oponer resistencia a sus intentos de controlarles. Tengo mis dudas de que Trump y sus secuaces puedan llegar a instaurar una democradura estilo Orban en Estados Unidos, en parte porque este es un país demasiado rico para que sea sostenible, en parte porque creo que son demasiado incompetentes y estúpidos para saber hacerlo.

Ver a tantas empresas e instituciones rindiéndose alegremente ante las fascistadas del régimen, no obstante, sigue siendo preocupante.

Bolas extra

• Trump está intentando subvertir las elecciones del 2026.

• El Supremo les ha dado la razón a los abogados de un inmigrante legal que fue deportado a campo de trabajos forzados en El Salvador sin juicio previo ni haber cometido ningún crimen, exigiéndoles que faciliten su regreso.

• La administración Trump les ha contestado al juez que el inmigrante está en manos del gobierno de El Salvador y que por lo tanto no pueden hacer nada para repatriarle, que no es cosa suya. Está en otro país, eso es política exterior, y, por lo tanto, no es competencia judicial.

• Si eso os suena como una excusa estupenda para coger a una persona al azar por la calle, meterla en un avión a un gulag salvadoreño sin juicio previo y decir “ah, se siente” al juez no vais desencaminados. Veremos cómo se toma el supremo este argumento innovador, y si Trump se digna a hacerles caso.

• La administración Trump también está marcando a inmigrantes legales en el registro de la seguridad social como “muertos” para animarlos a abandonar el país, sin juicio ni notificación previa. Léase el comentario anterior sobre la posibilidad que decidan “matar” a gente que les cae mal.

1. Es que, no debemos olvidarlo, Trump es un criminal convicto.

Trump, el criminal