La corrupción más desaforada del mundo
Y leyes electorales antiguas
La tradición venía, como muchas cosas en política americana, de la era Nixon. Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, durante la campaña electoral, hacen pública su declaración de la renta, para demostrar que son gente honesta, cabal, y que cumple con sus obligaciones fiscales sin rechistar. Es cuestión de transparencia, honestidad, y recordar a los votantes que no tienen nada que ocultar.
Esa tradición se rompió en las presidenciales del 2016 con Donald Trump. El entonces candidato había tenido una larga carrera en el mundo de los negocios que incluía varias bancarrotas, maniobras contables cuestionables, y muchos fuegos de artificio. También había la sospecha (plenamente justificada) que Trump por aquel entonces era mucho menos rico de lo que decía ser. Durante la campaña insistió que iban a publicar la declaración tan pronto como fuera posible, pero que legalmente debían esperar a que el IRS (Internal Revenue Service, la agencia tributaria) terminara la inspección de hacienda aleatoria que le estaban haciendo.
Trump nunca publicó su declaración de renta, por supuesto. Cuando llegó a la Casa Blanca, en enero del 2017, lo hizo sin haber dado información alguna sobre sus ingresos o finanzas.
La filtración
A finales del 2020, el New York Times publicó un artículo sonado. Alguien del IRS les había filtrado dos décadas de declaraciones de renta de Donald Trump. Para sorpresa de absolutamente nadie, el presidente tenía una cantidad considerable de pufos y trampas contables en su historial, incluyendo varios años en los que pagó $750 de impuestos (setecientos cincuenta, sí), y varios intentos de reclamar que hacienda le devolviera 73 millones de dólares por pérdidas en sus negocios. Trump realmente estaba pasando apuros en los años anteriores a su presidencia, e hizo algunas maniobras muy cuestionables durante la campaña.
El artículo hizo un daño político considerable al presidente, que acabaría perdiendo las elecciones un mes y medio después. El tipo que filtró los documentos, un empleado de una empresa privada contratada por el IRS, fue detenido poco después y sentenciado a cinco años de cárcel. Trump siempre vio el caso como un ejemplo del deep state que le quería muerto.
En enero del 2026, seis años después de la filtración de los documentos, y ya de vuelta a la Casa Blanca, el presidente Donald J. Trump presentó una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos, presidido por Donald J. Trump, pidiendo una indemnización de 10.000 millones de dólares para compensarle por los “daños financieros y reputacionales, vergüenza pública, daños injustos a la reputación de sus negocios”.
Yo, mi, me, conmigo
Esto es, que quede claro, el presidente dirigiéndose a su propio gobierno y pidiéndole que le den 10.000 millones porque alguien filtró sus impuestos. Otros millonarios que vieron sus declaraciones en los medios como parte del mismo robo de documentos que intentaron algo parecido recibieron, como mucho, una disculpa formal del IRS. Para Trump, el caso era una excusa fabulosa para poco menos que ir al Departamento del Tesoro con un camión, ir a la caja fuerte, y sacar 10.000 millones de dólares a paletadas.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Florida. La base de todo el sistema legal americano es que es necesario que en cualquier juicio haya dos partes enfrentadas, presentando argumentos opuestos1. La juez, cuando vio el percal, pidió educadamente a las partes (Donald Trump y el departamento de justicia de Donald Trump) que por favor le explicaran, poquito a poquito y sin aspavientos, por qué demonios tenía que ni siquiera tomar en consideración un caso en el que todo apuntaba a que las dos partes eran el mismo señor con disfraces distintos.
Porque realmente son eso. Insisto.
Los abogados de Trump (que son todos los abogados del caso, porque… en fin) vieron bastante claro que la juez seguramente les iba a coser a bofetadas en el momento en que intentaran explicar por qué estaban representando intereses distintos en este caso, y más cuando el propio presidente insiste en hablar del departamento de justicia como su departamento de justicia cada vez que le preguntan. Así que apostaron por echarse al monte y llegar a un acuerdo extrajudicial en el que la administración Trump pactaba con Donald Trump una compensación por todo el sufrimiento creado.
Las verdaderas víctimas
La buena noticia es que, tras varias semanas de polémica, la(s) parte(s) implicada(s) ha tenido la relativa decencia de no robar descaradamente 10.000 millones de dólares soltando risas maléficas. La mala es que es han hecho algo casi peor: ha(n) acordado crear un fondo de 1.776 millones de dólares2 para indemnizar a todas las víctimas de investigaciones judiciales injustificadas realizadas por la administración Biden cuando convirtieron al departamento de justicia en una arma para castigar a sus enemigos.
Esto incluirá, por ejemplo, darle una morterada de dinero a todos y cada uno de los tipos (ahora indultados) que asaltaron el Capitolio, a todos los amiguetes de Trump que participaron en el intento de golpe de estado, a todos los familiares y aliados que estuvieron en contacto con gente que trabajaba para los servicios secretos rusos durante la campaña del 2016, a todos aquellos que obstruyeron las investigaciones sobre esa campaña, y a todo aquel que Trump le dé la gana de regar con dinero.
El fondo será administrado por cinco personas nombradas por el fiscal general a dedo, que pueden ser despedidas por Trump cuando le plazca. Y dado que es un acuerdo extrajudicial entre las partes, la juez no puede decir nada sobre el tema.
Trump quizás no se llevará miles de millones de dólares de los contribuyentes a casa. Lo que hará es crear un fondo de 1.776 millones de dólares de los contribuyentes para distribuirlos a amigos, familia (porque su familia puede reclamar) y los tontos útiles que intentaron linchar a medio congreso cuando dio un golpe de estado el 2021. Y lo hará así, por las bravas, anunciándolo en uno de los comunicados de prensa más delirantes que he leído nunca.
La jeta suprema
Llevo tiempo diciendo que el principal superpoder de Trump no es el carisma, ni su capacidad de mentir, ni su oratoria, ni la propaganda, ni nada parecido. Es su total, completa, y absoluta desvergüenza, su falta de pudor. El tipo se ha dado cuenta que para muchos votantes, si el político de su cuerda dice estentóreamente que lo que hace es legal, estupendo y quien le critique es un comunista le aplaudirán igual. También ha entendido que los medios no tienen ni idea sobre cómo reaccionar cuando pillan a alguien robando a manos llenas a plena luz del día y que ni finge arrepentirse. Así que el buen hombre simplemente tiene decenas de burradas y escándalos todos los días, ni se molesta en tomarse nada en serio, y a correr.
El punto más delirante de toda esta historia, de todos modos, no es ya la corrupción, que es casi hilarante en su cinismo, sino que todo este montaje es legal. No hay regulación alguna que impida a un presidente ponerse un pleito a sí mismo y llegar a un acuerdo extrajudicial que le pague montañas de dinero por las bravas, básicamente porque a nadie se le había ocurrido que a alguien se le iba ocurrir hacer una burrada de tal calibre a vista de todos.
El congreso, al menos en teoría, puede bloquear los fondos destinados a estas “indemnizaciones”. Los republicanos no harán, por descontado, nada que pueda ofender al amado líder, así que no esperéis gran cosa. La única agencia con jurisdicción para investigar si se ha vulnerado alguna ley es el departamento de justicia del propio Trump, por supuesto. Incluso si se molestaran en hacerlo, la sentencia del supremo sobre inmunidad presidencial hace imposible acusar a Trump de nada, porque esto es (probablemente) un “acto oficial”.
La única consecuencia de todo esta historia, por ahora, es la dimisión del abogado en el departamento del tesoro, que no ha podido más con todo este desastre.
El único consuelo es que Trump es increíblemente impopular a estas alturas, camino de romper el suelo de George W. Bush tras el petardazo de Lehman Brothers y, al ritmo actual, alcanzar las profundidades de rechazo nixonianas post-Watergate.
El dinero, eso sí, no lo vamos a ver más.
Bola extra: leyes electorales hilarantes
Suelo repetir por estas páginas que gran parte de Estados Unidos no era una democracia hasta la aprobación de la Voting Rights Act de 1965, poniendo como ejemplo todas esas leyes electorales espantosas del sur hasta entonces.
Lo que es cierto también es que muchos estados del norte tenían leyes electorales casi igual de injustas que sus homólogos sureños, a veces hasta extremos ridículos. Hoy me topaba, por ejemplo, con el caso de Connecticut, que tuvo que revisar su constitución en 1965, ya que el sistema electoral de la anterior (promulgada en 1818) era un poco injusto.
Hasta 1964, la cámara de representantes de Connecticut asignaba uno o dos legisladores a cada uno de sus 169 municipios. Los municipios con más de 5.000 habitantes tienen dos, el resto uno. Los pueblos fundados antes de 1818, en caso de haber tenido dos escaños entonces, los mantienen.
La ciudad con más habitantes de Connecticut en 1964 era Hartford, con 162.000. El pueblo más pequeño, Union (fundado en 1734), tenía 383. Ambos tenían dos escaños. Es decir, un voto en Union tenía 424 veces más valor que uno en Hartford. Los 96 municipios más pequeños, que sumaban 300.000 habitantes, tenían más escaños que los otros 103, que sumaban 2,2 millones. Uno podía gobernar el estado con un 6% de los votos, si sacabas mayorías en los 96 pueblos más sobrerrepresentados.
No fue hasta 1964 en que una sentencia judicial obligó al estado a cambiar este sistema. 1964.
¿Por qué Connecticut tenía esta ley electoral tan absurda? Racismo, en parte (la mayoría de minorías vivían en las ciudades), pero no sólo debido a ello; Connecticut en esa época no tenía demasiadas minorías3. Era más un caso de tener un sistema político que beneficia a zonas rurales, y que nadie que haya ganado elecciones bajo estas normas tiene el más mínimo interés en reformar.
Este era una país de leyes muy, muy extrañas. Y lo sigue siendo.
Este no es el caso en los sistemas de derecho continental, por cierto. Los tribunales en España no operan bajo este principio; los jueces de instrucción intentan “encontrar la verdad”, no escuchar un debate entre las partes.
Para los despistados: 1776 es el año de la declaración de independencia, así que encima con cachondeo.
Aunque durante el siglo XIX, que es cuando crecen las ciudades, el sentimiento anti-irlandés, anti-italiano, anti-polaco y anti-inmigrante católico en general sí era un factor central .