La "batalla" de Los Ángeles
La administración Trump intenta sembrar el caos
Hace unos días, Axios informaba de una reunión en la Casa Blanca en la que Kristi Noem, secretaria del departamento de seguridad nacional, y Stephen Miller, el asesor más influyente de Trump, exigieron a los líderes de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement, la policía migratoria) que detuvieran y deportaran a 3.000 inmigrantes al día. Esta cifra era el triple de lo que la agencia estaba haciendo hasta ahora, el ritmo necesario para alcanzar el millón de expulsiones anuales prometidas por Trump antes de las elecciones.
Durante la campaña, Trump habló sin descanso de su intención de deportar a gente en masa, echando del país a todos los asesinos, violadores y criminales que habían invadido el país. Poco importa que toda la evidencia empírica deja muy, muy, muy claro que los inmigrantes indocumentados son mucho menos propensos a cometer delitos que los americanos nativos, y que la idea de una ola de crimen provocada por inmigrantes violentos enfurecidos es una fantasía ultraderechista. Tampoco importa que las ciudades con más inmigrantes sean, de media, mucho más seguras1. La Casa Blanca quiere echar a gente del país, y listo, e ICE tiene una cuota que cumplir.
Así que, siguiendo esa tradición ancestral de cualquier burocracia cuando le dan una cifra absurda, ICE ha decidido no buscar a criminales, que son difíciles de encontrar, sino pescar a aquellos inmigrantes que tienen más a mano.
Deportaciones sin esfuerzo
Durante las últimas semanas, la policía migratoria se ha dedicado a detener gente en los juzgados de todo el país. No en los juzgados penales, sino en los de inmigración. La estrategia es llamar a un juez y anunciarle que van a retirar los cargos contra inmigrantes que están solicitando asilo, intentando regularizar su situación o incluso sacarse la nacionalidad. Los citan para que se presenten para firmar papeles, les retiran los cargos, y justo en la puerta los detienen allí mismo, con la intención de deportarles utilizando un procedimiento de expulsión acelerada.
Es decir: están deportando en masa a inmigrantes que a menudo han entrado en el país legalmente y están cumpliendo con la ley, siguiendo los pasos establecidos para ser residentes en el país. Porque son la gente que pueden llamar a que vengan a entregarse, sin más esfuerzo que plantarse con una máscara vestido de comando en un edificio federal cualquiera.
Cuando no van a los tribunales, ICE ha decidido que la segunda mejor opción es detener inmigrantes en sus lugares de trabajo. La administración Trump, en una maniobra legalmente cuestionable2, ordenó al IRS (Internal Revenue Service, la agencia tributaria) que diera a ICE información sobre cualquier contribuyente que quisieran. Muchos inmigrantes indocumentados se sacan un ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) para poder pagar impuestos. Esto significa que hacienda sabe dónde trabajan, así que ICE puede ir a hacer redadas y ponerse a deportar gente sin apenas esfuerzo.
Porque nada dice más “voy a por los peores criminales de América” que plantarse en una pizzeria cualquiera en Scranton, Pensilvania y detener a tres cocineros y dos camareros que estaban pagando impuestos religiosamente3. Pero de nuevo, encontrar criminales es mucho más difícil que detener a matados que están cumpliendo la ley.
Protestas
El sábado por la mañana, un grupo de agentes de la policía fronteriza (“reclutados” para estar a las órdenes de ICE) se plantó en un Home Depot (una cadena que vende material para la construcción) en Paramount, California, un suburbio de Los Ángeles. Su presencia fue compartida en redes sociales, y al cabo de un rato un pequeño grupo de manifestantes se plantó en el aparcamiento. Durante toda la semana, ICE había estado haciendo redadas en juzgados, almacenes y colegios por toda el área metropolitana, y el ambiente estaba tenso. Los agentes de ICE se pusieron el equipamiento antidisturbios y empezaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes.
Y la cosa a partir de ahí empeoró, pero no demasiado. Se quemó un carrito de supermercado y varias bolsas de basura, un coche, y hubo fuegos artificiales. No se saqueó nada, y los manifestantes, como mucho, se contaron en cientos, pero poco más. Una manifestación pequeña en la que a menudo hubo más policía que manifestantes.
La administración Trump, sin embargo, se la tomó como Pearl Harbor, la Setmana Tràgica4, el Dos de Mayo y el asalto al Palacio de Octubre, todo combinado a la vez y protagonizado por hordas mejicanas fuera de control. Stephen Miller, que es literalmente un fascista5, se pasó el día hablando de “insurrección”, una ciudad “tomada por el caos” y en “revuelta abierta contra el gobierno federal”. El secretario de defensa y la secretaria de seguridad nacional, además del propio presidente, soltaron perlas parecidas.
Al anochecer, la Casa Blanca anunció que iba a tomar el control directo de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California (que está habitualmente en manos de los estados), invocando una ley para situaciones de rebelión contra el gobierno, y movilizarlas contra los manifestantes. La última vez que eso sucedió fue en 1965, cuando Lindon Johnson lo hizo para proteger a manifestantes por los derechos civiles en Alabama. Trump lo estaba haciendo para reprimir una manifestación en la que había ardido un coche.
Milicos en las calles
Dejando de lado la más que dudosa legalidad de esta decisión (que las autoridades de California están intentando revertir), parece obvio que el presidente y Miller estaban buscando como locos una excusa para movilizar soldados en una ciudad llena de inmigrantes (un tercio de la población del condado de Los Ángeles es nacido fuera de Estados Unidos) gobernada por demócratas. Poco importa que California sea uno de los estados más ricos y prósperos del país y que el principal problema de Los Ángeles sea el desorbitado coste de la vivienda porque mucha gente quiere vivir ahí. Menos aún de que sea mucho más segura que cualquier otra ciudad grande de Estados Unidos con la única excepción de Nueva York. Está llena de inmigrantes, la derecha lleva años obsesionada con la idea de que es un aquelarre postapocalíptico fuera de control, y van a hacerlos entrar en vereda, sí o sí.
Como era de esperar, la presencia de guardias nacionales vestidos como tropas de combate en las calles de Los Ángeles no redujo las protestas. El domingo había más manifestantes. Un poco más violentos, pero no mucho; cortaron una autopista (que es lo que hacen todas las protestas en Los Ángeles) y quemaron varios robotaxis de Waymo (Google), cosa que tampoco está mal del todo. Ha habido diez (10) detenidos. Os podéis imaginar la magnitud del caos.
La Casa Blanca ha respondido con alaridos más histéricos todavía, y la amenaza de movilizar una unidad de marines para sumarse a los cuerpos de seguridad.
Umbrales autoritarios, otra vez
Y si esto os suena vagamente dictatorial o autoritario, no, no sois los únicos. Especialmente cuando Trump decía ayer que tiene toda la intención de enviar tropas a reprimir disturbios allá donde haya protestas contra ICE. No está nada claro sobre cuál es la intención última o los planes de la Casa Blanca; si escuchamos a Stephen Miller y nos lo tomamos en serio, el tipo está que se muere de ganas de declarar la ley marcial.
No que esta gente no esté dedicándose ahora mismo a detener y meter en campos de concentración en países centroamericanos a gente al azar sin garantía legal alguna ni nada, vamos.
Nada de qué preocuparse.
A decir verdad, creo que Miller quiere deportar gente y punto porque es un racista furibundo, no dar un autogolpe de estado. Aunque es más por timidez que por falta de convicción o autoritarismo; dudo mucho que, si intentaran algo realmente fascista, el Pentágono obedeciera las órdenes dadas.
No creo que sea demasiado saludable tener que estar pensando en esta clase de cosas, de todos modos.
En parte porque las ciudades y zonas rurales del sur del país tienen menos inmigración y son extraordinariamente violentas.
Casi seguro ilegalmente; medio IRS dimitió cuando dieron la orden. No que al Supremo le importe.
Se calcula que los inmigrantes ilegales pagan 90.000 millones al año en impuestos, incluyendo cotizaciones a la seguridad social - a pesar de que no tienen derecho a recibir una pensión.
No me sorprenderia que salga uno de esos fascistoides a proclamar que son la ley y punto!
"Nos estamos preparando para la guerra", Pete Hegeseth.