Investigando a Trump
¿Qué quieren conseguir los demócratas en el congreso en el comité sobre el asalto al Capitolio?
El comité especial de la cámara de representantes sobre el asalto al Capitolio es un animal político complicado, incluso desde el día de su formación.
Tras el segundo (y fallido) impeachment de Donald Trump, muchos legisladores hablaron sobre la necesidad de crear una comisión bipartidista para discernir qué había pasado. El modelo era el comité que se creó después de los ataques del 11-S, con representación de los dos partidos y trabajando en consenso para analizar los hechos.
Montando un comité
Los líderes republicanos, sin embargo, pronto empezaron a tener dudas. La sombra de Trump era alargada, y criticarle abiertamente era cada vez más difícil. Las bases del partido, empezando por la brigada mediática en Fox, pedían la cabeza de todo díscolo que osara a criticar al ex- presidente en exceso, hasta el punto de purgar a la número tres del partido, Liz Cheney, cuando esta insistió en llamarle mentiroso y decir que era responsable del asalto. A pesar de que los demócratas les ofrecieron igual número de representantes y el poder de llamar testigos, Kevin McCarthy, líder republicano en la cámara de representantes, acabó por desentenderse del acuerdo; su excusa (porque son creativos) fue que el comité debía investigar toda violencia política, incluyendo las protestas de Black Lives Matter del año anterior. Sólo dos republicanos en la cámara baja (Cheney y Kizinger) votaron a favor del comité.
La ley para lanzar la investigación debía ser aprobada en el senado, pero debido al filibuster, necesitaba sesenta votos, así que la exigua mayoría demócrata era insuficiente. En teoría, dado que siete senadores republicanos habían votado a favor del impeachment, los demócratas sólo tenían que convencer a tres más. A la práctica, Mitch McConnell, líder del GOP en la cámara alta, decidió oponerse, así que por 56 votos a favor y 44 en contra, la propuesta fue tumbada.
Los demócratas, no obstante, por una vez no se dieron por vencidos, y decidieron buscar otra estrategia. En vez de crear un comité bipartidista y bicameral, la cámara de representantes crearía uno en solitario, algo que podían sacar adelante sin el GOP. Dado que los republicanos habían torpedeado la propuesta original, se decantaron por crear una comisión con ocho de sus integrantes escogidos por la Speaker, y cinco por el líder de la minoría republicana.
Pelosi nombró a siete demócratas y una republicana (Cheney). McCarthy escogió a un par de tipos normales, y tres legisladores que habían votado en contra de reconocer el resultado de las elecciones el seis de enero. Dado que era obvio de que el GOP quería montar un circo, Pelosi vetó a dos de los cinco republicanos, a los que McCarthy respondió retirando a todos ellos del comité. La respuesta de Pelosi fue nombrar a Kizinger como segundo republicano, y dejar el comité con nueve integrantes.
Es decir: si los republicanos se quejan de que el comité es “partidista” y está “sesgado” es por culpa de los republicanos.
La pataleta del partido hizo que, al menos, todos los integrantes de la comisión se hayan tomado el trabajo en serio. Y quién más en serio se lo está tomando es Liz Cheney; dado que el partido, a órdenes de Trump, poco menos que la ha expulsado, parece estar completamente decidida a llegar al fondo del asunto. Caiga quien caiga.
Las herramientas del comité
En teoría, el comité tiene como objetivo esclarecer los hechos del seis de enero y los eventos que llevaron al asalto al congreso. Al ser un organismo de la cámara de representantes, tienen los mismos instrumentos para llevar a cabo una investigación que cualquier otro comité legislativo. Pueden utilizar subpoenas, el equivalente legislativo de un requerimiento judicial, para traer testigos, exigir documentos, o pedir listas de llamadas o correspondencia electrónica.
En teoría, esto hace que su poder para recabar información sea considerable. Desobedecer una subpoena es delito (desacato al congreso), y mentir en una comparecencia de estas características conlleva el delito de perjurio, así que uno debe tomarse una comisión así en serio. A la práctica, sin embargo, la cosa es más complicada.
Para empezar, los testigos siempre pueden llegar al comité con su abogado, sentarse delante el micrófono, y acogerse a la quinta enmienda, una y otra vez. Mentir es delito, quedarse en casa es delito, pero no contestar no lo es (obviamente). Segundo, los testigos e instituciones más tozudas siempre pueden rechazar la subpoena mediante alguna excusa legal medio lógica, y el congreso tiene que llevarlos a juicio para intentar forzar que les hagan caso. Esto último es, precisamente, lo que están haciendo muchos veteranos de la administración Trump, alegando que las conversaciones con el presidente eran confidenciales bajo el principio de “privilegio del ejecutivo”, y que no pueden responder.
El “executive privilege” es la norma que permite que las conversaciones del presidente y sus asesores sean secretas para permitir que estos puedan hablar libremente. Suena lógico, excepto de que Trump ya no es presidente, así que esas conversaciones ya no son secretas. El único que puede invocar esa confidencialidad es el presidente actual, y Biden por supuesto no va a proteger estos patanes. Y además hay el pequeño detalle de que, si estaban cometiendo delitos, no hay secreto que valga.
Pero claro, este es un estado de derecho, así que el congreso no puede simplemente decir que alguien está en desacato y meterle en la cárcel. Tienen que ir al departamento de justicia, denunciarles, y la fiscalía tiene que llevar el caso a juicio. La administración Biden, por supuesto, está más que encantada de llevar a cretinos como Steve Bannon o Peter Navarro a los tribunales.
El comité especial del congreso, por desgracia, tiene fecha de caducidad; la legislatura acaba a finales de este año, y si los demócratas pierden la mayoría (cosa que es probable que suceda) no será renovado. Este es un país donde la justicia no es especialmente rápida, y alguien con un abogado competente puede alargar plazos, lloriquear todo, y hacer la vida lo suficiente miserable al juez como para que el caso dure doce o dieciocho meses. Esto hace muy probable que aquellos testigos que no están por la labor de cooperar acaben dando documento alguno o declarando ante el comité, limitando su poder real.
Por si esto no fuera poco, el congreso obviamente no puede castigar a nadie si encuentra un comportamiento corrupto o delictivo. Como mucho, pueden redactar un informe y enviarlo al departamento de justicia, pidiendo que, por favor, por favor se planteen abrir una investigación sobre el tema.
En el caso del asalto al Capitolio, esto significaría que un comité compuesto por demócratas pidiera a un ejecutivo controlado por demócratas que investigara al líder del partido de la oposición y probable rival del actual presidente en las próximas elecciones. El no tener un comité paritario con miembros de ambos partidos es, en este caso, un problema político serio.
La estrategia del comité
Estas herramientas legales tan limitadas hacen que la estrategia del comité sea indirecta por necesidad. El tiempo corre en su contra, y no tienen demasiados recursos a su alcance para investigar con la habitual furia de un fiscal federal, así que tienen que producir algo rápido. Dado que tampoco tienen capacidad para montar una acusación legal completa, así que tienen que ser creativos.
La solución es presentar su caso pensando en dos audiencias distintas. La primera, y obvia, es la opinión pública; el comité está presentando su caso a los votantes, intentando contar, paso a paso, todas las fechorías de la administración Trump tras perder las elecciones. Durante los últimos dos años han ido saliendo noticias sobre la trama y todas las barbaridades que estaban intentando antes del desastre del seis de enero. El comité, con sus audiencias públicas, quiere ofrecer tanto a los votantes como los medios de comunicación una hoja de ruta sobre lo que fue, a todos los efectos, un golpe de estado, y hacerlo de manera tan dramática como sea posible.
La segunda audiencia el departamento de justicia, o más específicamente, el fiscal general Merrick Garland. Aunque el congreso no puede lanzar investigaciones criminales, lo que sí puede hacer es poner sobre la mesa una montaña de pruebas, declaraciones y documentos que demuestren, de la forma más clara posible, que alguien en la Casa Blanca estaba cometiendo delitos que no pueden ser ignorados. Si el comité presenta una narrativa creíble y suficientes indicios como para que ningún observador medio imparcial no pueda decir que la cosa apesta, Garland no tendrá más remedio, al menos en teoría, de coger el caso y empezar a llevar gente a juicio.
Esto cobra especial relevancia porque el departamento de justicia ya está investigando los sucesos, pero hasta ahora no están haciendo gran cosa en el apartado judicial. Garland y su equipo insisten que están trabajando y que cuando tengan algo sólido lo harán público, porque lo que quieren evitar a toda costa es ir a juicio contra el expresidente y sus acólitos sin tener un caso poco menos que imbatible ante cualquier jurado. La fiscalía trabaja en secreto, así que los demócratas en el congreso en cierto modo están “preparando el terreno” con el espectáculo para acusaciones que vendrán después - además de presionar, en lo posible, al departamento de justicia.
La retórica del comité
Esto obliga al comité a ser muy, muy cuidadoso en lo que dicen durante sus audiencias y el tono que deben utilizar. Si pecan de exceso de dramatismo, con gritos, discursos indignados, y grandes proclamas, les tomarán como una caza de brujas partidista. Si se ponen legalistas, van al detalle técnico e intentan tratar esto como si fuera un juicio, aburrirán hasta las ovejas y nadie les prestará atención.
Por ahora, la aproximación que están utilizando es una de sobriedad. La forma es pausada, el contenido es dramático; la intención es que cada reunión explique un aspecto de la conspiración (lo que sabía Trump, presiones a las autoridades electorales, intentos de cometer fraude, contactos con los violentos, lo que hizo durante el asalto) aportando detalles desconocidos hasta ahora, con uno o varios testigos estrella a cada paso. Hoy lunes hablará Bill Stepien, el que fuera el jefe de campaña de Trump en las elecciones del 2020; el miércoles hablará Jeffrey Rosen, que ejerció de fiscal general en funciones los últimos días del mandato de Trump. Esto, junto con videos de las deposiciones de altos cargos grabados durante los meses en que el comité ha trabajado a puerta cerrada (incluyendo la hija y el yerno del presidente) servirá, en teoría, para respaldar la narrativa que están presentando.
Lo más importante
Fue un golpe de estado.
Ya sé que lo repito mucho, pero estamos hablando de algo que fue, a todos los efectos, un intento organizado por parte de la Casa Blanca de tumbar unos resultados electorales que sabían que eran legítimos. El comité está dedicando mucha energía para recalcar que Trump era perfectamente consciente de que había perdido, y que todas las acusaciones de fraude y conspiraciones que estaban soltando eran ficticias. Esto no iba de un chiflado egomaníaco autoconvencido de que los gnomos de Zurich, el club de Bildeberg y el Frente de Liberación de los Gnomos del Jardín conspiraban contra él. Esto era un plan (chapucero, pero un plan) para abolir la constitución y perpetuarse en el poder.
Tengo muy, muy, muy pocas dudas de que no fuera esto lo que vimos. El comité tiene que demostrarlo.