Golpes de Estado, California, y accidentes variados
Un boletín con un poco de todo, porque ha sido un día con un poco de todo
Hoy es uno de esos días donde hay mucho de qué hablar y poco tiempo de cubrir todo, así que haré una especie de “bolas extra” versión extendida con las cosas que estoy siguiendo esta semana. Si hay algún tema en especial del que os gustaría que hablará más en detalle, no dudéis en pedirlo en los comentarios.
Una epidemia de accidentes
El año pasado, la cifra de muertes en accidentes de tráfico en Estados Unidos aumentó un 8%. Hasta donde yo sé, este es un fenómeno prácticamente único en el mundo desarrollado. En la Unión Europea, el número de víctimas disminuyó un 17% (un 22%) en España.
En la UE, los expertos hablaron de confinamientos menos gente viajando, etcétera. En Estados Unidos, se está hablando de que al haber menos tráfico los conductores restantes corrían más, haciendo que las colisiones fueran más letales. El tráfico ha vuelto a las carreteras americanas, y las cifras de muertes en la primera mitad de año son un 16% mayores que en el 2020, así que algo parece ir horriblemente mal.
Incluso prepandemia, las carreteras americanas eran mucho más peligrosas que las europeas. La tasa de muertes por accidentes de tráfico en el resto de la OCDE lleva años en descenso (en España se ha reducido a la mitad desde el 2020) mientras que en Estados Unidos apenas ha bajado, y lleva varios años repuntando de nuevo. Se puede hablar largo y tendido sobre el diseño de las carreteras americanas y por qué son tan letales, pero eso es para otro día.
Lo curioso, sin embargo, es que los accidentes de tráfico no es la única estadística donde Estados Unidos ha divergido del resto de países desarrollados durante la pandemia. La tasa de homicidios se disparó el año pasado (hablé sobre ello por aquí), mientras que cayó en picado en la UE. Los muertos por sobredosis (sobre todo de opiáceos) se disparó un 30% (!!!) en Estados Unidos en el 2020; no he encontrado cifras comparables para la UE (qué lentos que son a veces), pero dudo mucho que sean remotamente cercanas (en Reino Unido, uno de los países con mayor consumo, no llegó al 4%).
Hay algo deprimente, oscuro, en muchas estadísticas sobre salud, consumo de drogas, alcohol, y costumbres vitales en muchas regiones de Estados Unidos. Este es (de nuevo) uno de esos casos donde los mapas sobre voto en las presidenciales y casi cualquier indicador social al azar tienen correlaciones no del todo casuales. Las zonas del país que se han quedado atrás (rurales, en el sur y centro del país) parecen tener problemas mucho más profundos que un simple cabreo autoritario. Si a eso le añadimos las siempre presentes diferencias raciales (porque incluso en accidentes de tráfico, la gente de color muere más a menudo en este bendito país) te queda un mapa de problemas persistentes, y largamente ignorados.
California construye cosas
Pasado el referéndum revocatorio a ninguna parte, California aprobó la semana pasada una batería de leyes que intentan arreglar uno de sus problemas más urgentes, el coste de la vivienda. Sobre los costes hablé aquí y aquí; las leyes que han aprobado son interesantes, tanto por el contenido en sí, como por el proceso que ha llevado a ellas.
La medida estrella es muy simple. En casi toda California, era ilegal construir viviendas multifamiliares en una parcela; sólo podías construir casas unifamiliares. Tras la aprobación de la ley, cualquier parcela en California puede albergar dos viviendas.
Esto puede parecer poco, pero es revolucionario. Los suburbios inacabables de casitas con su propio jardín son, por un lado, básicamente insostenibles desde un punto de vista ambiental, y por otro, restringen muchísimo la cantidad de viviendas que puedes construir en una ciudad cualquiera. Uno puede añadir más plantas a un edificio, pero no más parcelas a un barrio, al fin y al cabo. El problema es que cuando una ciudad tiene su código urbanístico definido de este modo y los precios empiezan a subir, los propietarios no quieren más vivienda, ya que a ellos no les conviene que bajen los precios. Lo que ha acabado sucediendo es suburbios cada vez menos asequibles donde nadie construye nada, disparando los precios.
La ley, por primera vez, rompe el monopolio sobre regulaciones urbanísticas que los municipios de California (especialmente los más ricos) habían protegido celosamente. Aunque no hará gran cosa por sí sola (no me veo a muchos propietarios añadiendo otro piso a su casa, por muy caro que sea Palo Alto estos días), es un primer paso, que se añade a una serie de pequeñas reformas en esta dirección aprobadas este año y en años anteriores. Cuando empiezas a sumar cambios como este, o una ley paralela que reduce la burocracia para construir edificios de apartamentos (impidiendo que los vecinos litiguen para bloquearlos), u otra que obliga a las ciudades a construir viviendas asequibles, el demencial problema de California con su falta de oferta inmobiliaria empieza a tener una solución a medio plazo.
En Estados Unidos, a nivel estatal, las reformas a menudo tienen este aspecto. No tienes una ley que soluciona un problema, sino una serie de pegotes más o menos organizados en una agenda semi coherente que son aprobados al azar según la suerte de los activistas ese año durante el periodo de sesiones. En algunos temas, como la vivienda, esto puede funcionar bien, así que las campañas legislativas son siempre una lista interminable de propuestas en apariencia irrelevantes que acaban por sumar algo al cabo del tiempo, sea por acumulación, sea porque los legisladores se van acostumbrando a la idea y aprueban medidas más ambiciosas según pasan los años.
Los estados, además, se copian unos a los otros, así que os aseguro que el año que viene los activistas sobre vivienda en Connecticut se pasearán por el capitolio con copias de la ley californiana para dar la vara a todo legislador que se les acerque.
La puerta giratoria de los reguladores
Este artículo del NYT es tremendo, y merece una buena lectura. Una de las puertas giratorias más concurridas en Washington es la que comunica las oficinas de las grandes consultorías empresariales en materia fiscal y las oficinas del departamento del tesoro de Estados Unidos. Específicamente, las oficinas que albergan a los abogados y contables que se encargan de escribir los reglamentos que implementan los impuestos que gravan a las grandes empresas.
El escenario más habitual es que un abogado entre a trabajar en PwC o un garito similar, y esté allí unos cuantos años. Cuando están un poco curtidos, se van a trabajar al departamento del tesoro como reguladores, casi siempre cobrando mucho menos, por eso del “servicio público” y demás. El puesto lo consiguen o como consultores (si es una administración “amiga”) o con el proceso de selección normal, que por algo tienen años de experiencia en la materia. Una vez en el gobierno, trabajan en regular a los clientes de sus ex- colegas en PwC, a menudo “asesorados” por lobistas de PwC. Tras varios años de servicio (escribiendo regulaciones favorables a los clientes de PwC), dejan el gobierno y vuelven a PwC, a menudo con un salario sustancialmente mayor que antes de su “visita” al gobierno federal.
Todo legal, por supuesto, porque aquí nadie está vulnerando ninguna ley.
A pesar de que siempre me he quejado de que el sistema de oposiciones para entrar en la administración española, sus rocambolescos exámenes sirven para prevenir esta clase de aventuras. Alguien en PwC no puede “irse” a la Agencia Tributaria un par de años, porque eso exige comerse años de estudios antes de sacarse una plaza. El sistema español no evita que un abogado del estado o alto funcionario al azar dé el salto desde la administración a la empresa privada, por descontado, pero ese es un problema relativamente menor comparado con el descontrol aquí.
También es de recibo recalcar que este es uno de los motivos por los que los funcionarios deben estar muy bien pagados y tener condiciones laborables mejores que las del sector privado - especialmente aquellos en posiciones de responsabilidad. Una de las ventajas del ADIF (porque siempre acabamos con trenes en esta casa) es que sus ingenieros cobran más que sus colegas en el sector privado, así que no tienen demasiados problemas en retener talento. En Estados Unidos, los ingenieros de los departamentos de transporte se van a consultoras tan rápido como pueden. Los salarios en el sector público no son bajos (es más, cobran mucho más que sus colegas en el ADIF) pero es un país tan rico y desigual que las empresas privadas pueden ofrecerles mucho más.
Realmente era un golpe de estado, oye
Los abogados de Trump tenían un plan redactado, punto por punto, para que el vicepresidente Mike Pence se saltara la constitución y proclamara a Trump presidente de nuevo el seis de enero. Durante los días anteriores al asalto al congreso, Trump y su equipo dedicaron enormes esfuerzos en intentar convencer a Pence de que lo llevara a cabo, y este (tras muchas, muchas dudas) acabo por negarse, evitando una crisis constitucional de consecuencias inimaginables… y precipitando el asalto al capitolio, que era poco menos que el plan B para esta gente.
Además, los trumpistas, con el hombre más estúpido de América a la cabeza, presionaron a muchos legisladores republicanos para que validaran todo este plan, aunque muchos de ellos los enviaron a pastar.
Voy a insistir en el titular de nuevo: Donald Trump, tras su derrota electoral, intentó forzar una crisis constitucional para mantenerse en el cargo. Es decir, intentó dar un golpe de estado. Sus abogados pusieron el plan por escrito, y el GOP le sigue tratando como líder del partido.
El techo de la deuda y el filibusterismo
Para acabar, una nota sobre el inminente apocalipsis financiero mundial si el congreso de los Estados Unidos no actúa de manera urgente. Hablamos del techo de la deuda, la ley que autoriza al gobierno federal a endeudarse, y que Estados Unidos está a punto de superar.
¿Qué pasaría si eso sucediera? Estados Unidos tiene déficit, así que para pagar facturas y devolver dinero a sus acreedores tiene que emitir bonos del tesoro. Si de repente no pudiera hacerlo, debería suspender pagos, es decir, entrar en una bancarrota no por insolvencia, sino por motivos legales. Los bonos del tesoro americanos son, en teoría, el activo más seguro del mundo, y de golpe dejarían de serlo. El pánico resultante en los mercados financieros sería espectacular.
Resulta que, si el congreso no sube el techo de la deuda antes de fin de mes, es posible que esto suceda. Para hacerlo, son necesarios 60 votos en el senado, y el partido republicano ha dicho que no está dispuesto a aumentar el endeudamiento del país. Los demócratas van a intentar forzar un voto incorporando el techo de la deuda a un paquete de gasto que incluye dinero para lugares afectados por desastres naturales, pero nadie parece creer que eso atraerá suficientes republicanos.
Estupendo, ¿verdad?
Hay, por supuesto, otra opción: los demócratas simplemente pueden abolir la norma de 60 votos en el senado en las leyes sobre techo de deuda (algo que requiere una mayoría simple, porque el senado es así de absurdo), y después subirlo o abolirlo por completo. También pueden enchufarlo en el paquete de gasto de 3,5 billones de dólares que están negociando ahora (y que requiere 50 votos). Como todo, dependerá del emperador y señor de nuestras deudas Joe Manchin, que no ha dicho gran cosa sobre el tema hasta ahora.
La verdad, creo que esto es lo que acabará sucediendo - los demócratas simplemente lo harán solos, y listos. Pero es de locos que esto sea así. El presidente no siempre tendrá mayoría en el senado.