El imperio contraataca
Ratonia lanza el arma definitiva del universo contra Florida: sus abogados
No sé si recordaréis esa historia de hará cosa de un año sobre la guerra legal abierta entre Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Disney, la empresa de entretenimiento más popular del mundo y mayor empleador del estado.
La historia, contada en breve, es que Disney osó criticar en voz alta una ley que el gobernador había impulsado sobre educación (“don´t say gay”) en una de esas inacabables cruzadas culturales republicanas. Indignado, DeSantis respondió aprobando una ley que eliminaría el distrito fiscal especial donde estaba Disneyworld, eliminando el sistema que permitía a la compañía tener poco menos que un gobierno municipal privado para ellos solos.
Y sí, es algo tan chusco como suena. Lo contaba por aquí:
Un año después, resulta que la historia ha tomado un giro interesante.
El ataque de los abogados ratónicos
Los legisladores y DeSantis se dieron cuenta rápido que eliminar por las buenas el Reedy Creek Improvement District (RCID), que es el inofensivo nombre de esta bizarra comarca controlada por Disney, era una mala idea. Si lo abolían sin más, la deuda del distrito (y sus gastos) iban a ser transferidos directamente al gobierno de los condados vecinos, algo que conllevaría una subida de impuestos que Disney no iba a tener que pagar (uno no puede cargar un impuesto especial a un sólo contribuyente…). Ante los aullidos de los municipios vecinos, DeSantis cambió de estrategia; en vez de eliminar RCID, el consejo que lo dirigía iba a ser escogido directamente por el gobernador, no por Disney.
Entre los cambios en el proyecto de ley y las votaciones, DeSantis no firmó la ley hasta febrero de este año, y nombró a un puñado de tarados ultraconservadores para tomar control de la entidad. No fue hasta el segundo pleno, sin embargo, que se dieron cuenta de que había un pequeño problema: el RCID no tenía poder alguno.
A mediados de enero, los consejeros del RCID aún nombrados por Disney habían aprobado un “acuerdo de desarrollo” con Disney. El documento, de 151 páginas de maravillosa orfebrería legal, esencialmente cedía casi todos los poderes del distrito a Disney, sin prácticamente restricciones. Y como lacito esplendoroso de pura malignidad contractual, establecían que esa cesión de poderes era válida “until twenty one (21) years after the death of the last survivor of the descendants of King Charles III”(hasta 21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III), que es, si no me equivoco, como se dice “Fuck you” en abogado.
Es decir: el RCID quizás no esté controlado por Disney, pero el RCID no tiene competencias más allá de asfaltar calles y arreglar farolas. Saludos cordiales, señor gobernador.
La batalla imposible
Por descontado, la reacción de los republicanos y DeSantis ha sido de indignación absoluta. Esta, por ejemplo, es una de las consejeras (sin poderes ya) del RCID:
La intención del gobernador, ahora mismo, es intentar solucionar el problema como haría todo buen americano, con toneladas de abogados. El pequeño problema es que si hay alguna compañía en este mundo con el que no quieres meterte en tu vida con su departamento legal es Disney, y el consenso entre los expertos es que el acuerdo firmado con el RCID es casi indestructible.
Para empezar, los nuevos consejeros es muy probable que ni siquiera puedan presentar una denuncia. Un ayuntamiento, al fin y al cabo, no puede llevarse a sí mismo a los tribunales por una ley que ha aprobado en el pleno, ni tampoco puede desdecirse de un contrato firmado con un tercero de forma unilateral. Dado que los nuevos consejeros no son residentes del distrito (porque en el distrito no vive nadie; Disney no quiere) ni siquiera pueden denunciarles como particulares. El estado tampoco puede hacerlo sin pedir a un juez que vuele por los aires la seguridad jurídica de todos los municipios del estado (“queremos poder romper contratos de forma unilateral”). La única posibilidad es convencer al juez de que el acuerdo era fraudulento ya que no tenía una función de servicio público, pero dado que el único “habitante” y contribuyente del RCID es Disney buena suerte argumentando que algo que ayuda a Disney no era un servicio público a los “habitantes” del RCID.
La única alternativa viable para Florida es cambiar la ley, declarando que esta clase de “acuerdos de desarrollo” son ilegales. El problema, en ese caso, es que Disney puede llevar a los tribunales al estado acusándoles de vulnerar sus derechos de propiedad, y tendría muchos números de ganar el caso, ya que el estado estaría rompiendo un contrato legal por las bravas. Y todo eso, por supuesto, antes de incluso alegar de que la ley es una represalia por sus contenidos y un ataque a su libertad de expresión, cosa que aparte de ser cierto, probablemente también tendrían las de ganar de ir a juicio.
Lo que es casi inevitable es que el estado de Florida va a gastarse, durante los próximos años, montañas de dinero en abogados. Disney parece estar muy, muy tranquila, e incluso se ha permitido vacilarle al gobernador en su junta de accionistas.
La pifia del gobernador
Toda esta historia, por encima de todo, no ha hecho más que dejar en ridículo a DeSantis. El RCID publicó la agenda del pleno en el cual iban a debatir el acuerdo el 18 de enero. El pleno, abierto al público y con actas bien hermosas disponibles en su página web, fue el 25 de enero. El aviso del segundo pleno, cuando iban a votar, fue el 27 de enero, y la reunión y votación el 8 de febrero. Disney hizo todo de forma perfectamente legal y a plena luz del día, y nadie, nadie, nadie en la oficina del gobernador estaba prestando la más mínima atención. El gobernador decidió ir a la guerra con el mayor empleador del estado, una empresa famosa por su atención al detalle y unos abogados absolutamente desalmados, y se dejó robar la cartera de la forma más humillante posible.
Vale la pena recordar, de todos modos, que por muy hilarante que sea esta batalla, estamos ante algo parecido a la guerra Irán-Irak, sólo que con abogados: ambos bandos son malvados y merecen perder. DeSantis estaba intentando enchufar una ley dirigida estrictamente a castigar a una empresa privada por criticarle. Disney está luchando por proteger su gobierno municipal privado.
Florida es, realmente, un sitio extraordinario.
Bolas extra:
Uconn ha ganado el campeonato nacional de baloncesto universitario. Me niego a alegrarme.
DeSantis firmaba ayer una ley de “constitutional carry”, que es como le llaman a las leyes que permiten a cualquier persona del estado llevar armas de fuego sin licencia ni pasar ninguna prueba ni nada por el estilo.
Florida es el vigesimo sexto estado en adoptar una ley de esta clase.
Todos los mapas de Estados Unidos son el mismo mapa. Lo más desesperante de este país es que si coges Minesotta, Massachusetts, Connecticut, Washington o cualquier muestra de estados norteños, los indicadores sociales son básicamente europeos en todo excepto en nivel de renta, donde son mucho más ricos. Donde tienes todos esos indicadores espantosos que hacen que las cifras de Estados Unidos parezcan horripilantes es en el sur. Es el nihilismo del que hablaba el otro día.
Y a todas estas, que opinan los ciudadanos de Florida sobre esta guerra DeSantis vs Disney? Porque estas batallitas les esta costando mucho pero mucho dinero a los contribuyentes locales
Maravilloso