El complicado mundo de la marihuana
Una noticia que parece grande, pero es bastante pequeña
Ayer Joe Biden anunció algo que copó todos los titulares del país: un indulto a todos los condenados por posesión de marihuana.
Guerra las drogas
Estados Unidos es el mejor ejemplo que conozco sobre cómo el endurecimiento de las condenas penales hace bien poco por reducir el nivel de crimen de una sociedad. La llamada “guerra contra las drogas”, iniciada por Reagan en los años ochenta, fue muy efectiva haciendo que el país tenga más gente en la cárcel que cualquier otro país desarrollado (unas seis veces la tasa española, y somos de los países de la UE con más reclusos), pero hizo entre poco o nada para reducir el tráfico o consumo de estas.
Es más, el problema no ha hecho más que empeorar las últimas dos décadas:
A la casi cómica crueldad de este draconiano sistema penal se le suma su profundo racismo. Aunque blancos y negros usan drogas a niveles similares, los segundos tienen seis veces mayor probabilidad de ser encarcelados por delitos de uso o posesión que los primeros, y son condenados a sentencias mucho más severas. Muchos de ellos, además, han acabado en prisión por usar una droga que es prácticamente inofensiva, la marihuana.
Es aquí cuando esta noticia que parece tan grande empieza a encogerse. En teoría, el gobierno federal considera la marihuana una substancia peligrosa, y es ilegal en todo el país. A la práctica, la marihuana es legal en 19 estados y Washington DC, y el gobierno federal tiene una actitud digamos complicada con esta materia.
Piruetas legales
La cosa empezó el 2012, cuando Colorado y Washington legalizaron la posesión, venta y consumo de marihuana en su territorio. Sobre el papel, un estado no puede aprobar leyes que contradigan la normativa federal; bajo la doctrina constitucional de federal preemtion, en caso de conflicto, la ley federal siempre tiene primacía. La administración Obama, sin embargo, no quería meterse en una batalla legal en esos estados. Primero, porque no estaban en total desacuerdo con sus objetivos. Segundo, y más importante, porque el gobierno federal no tiene un cuerpo de policía o el ejército de abogados necesario para imponer la prohibición federal directamente.
Es una cuestión de números; en Estados Unidos el gobierno federal se ocupa de una parte muy pequeña del total de delitos e investigaciones criminales. De los casi dos millones de personas encarceladas en el país, apenas un doce por ciento (208.000) están en prisiones federales. Los policías aquí son abrumadoramente locales, estatales, o dependen del condado; el FBI, que es la agencia federal más conocida, tiene apenas 13.000 agentes. El estado de Colorado tiene, sumando todos sus cuerpos de seguridad, unos 12.000 policías.
Así que en vez de litigar o liarse a acusar a gente en tribunales federales, la administración Obama hizo una pirueta constitucional un tanto peculiar. Dado que los recursos del gobierno federal no son ilimitados, hay una doctrina legal bien asentada de que el departamento de justicia tiene potestad para decidir a qué investigaciones les dará mayor prioridad. En el llamado memorándum Cole el departamento de justicia estableció que si en un estado la venta y posesión de marihuana está regulada y legalizada, no van a destinar recursos a hacer cumplir las leyes federales siempre que no se cruzaran una serie de líneas rojas, como vender a menores o la participación de cárteles de droga.
Hay una cantidad francamente inverosímil de delitos federales, así que el fiscal general puede decidir que no es necesario investigar y procesar a presuntos criminales que salen del estado de Michigan con un pavo que fue cazado usando un dron (16 USC §§705, 707 & MCL §324.40111c(2), por si os interesa). Del mismo modo, el memorándum viene a decir que tampoco merece la pena intentar encarcelar a gente que está plácidamente fumándose un porro en su casa en Denver, Colorado.
Si esto os suena un poco a cachondeo, bueno es que realmente es un cachondeo. Toda la “guerra contra las drogas” es a la vez brutal, aleatoria, inútil y ligeramente cutre; una combinación muy americana. Como os podéis imaginar, este memorandum tampoco es que fuera demasiado permanente, al carecer de fuerza de ley, y fue revocado por la administración Trump el 2018. Una maniobra simbólica, por supuesto, dado que el gobierno federal sigue sin tener ni tiempo ni ganas para dedicarse a estas cosas.
Los efectos del indulto
Volvamos, entonces, al indulto. Dado que la marihuana es legal en gran parte del país y el gobierno federal no persigue esos delitos con demasiado entusiasmo, sólo se beneficiarán de él 6.500 personas, que es el número de condenados por posesión de marihuana entre 1992 y el 2021. La cifra aumenta un poco si añadimos a los condenados en Washington DC, que está bajo jurisdicción federal, pero sigue siendo una cifra muy reducida. El presidente no puede indultar a nadie de sus condenas estatales, así que nadie en esa colosal población reclusa estatal y local saldrá de la cárcel. Biden, en su anuncio de ayer, animó a los gobernadores de todo el país que hicieran lo mismo en sus estados, pero aparte de pedirlo por favor, no tiene autoridad para nada más.
No todo lo que dijo Biden, sin embargo, es así de marginal o simbólico. Aunque pasó relativamente desapercibido, esto sí que es potencialmente una reforma importante:
Reglamentos y drogas
Biden está hablando de “clasificación”, el sistema del gobierno federal para definir cómo trata sustancias ilegales. Las sustancias que están en la categoría V son las menos peligrosas; las de categoría I son las más nocivas, al poder provocar adicción, ser potencialmente tóxicas, y no tener usos médicos conocidos.
En uno de esos legados encantadores de Richard Nixon (que odiaba a los hippies), la marihuana es categoría I, es decir, más peligrosa que los opiáceos (la cocaína y el fentanilo, que está matando miles de personas, están en la categoria II), algo que tiene repercusiones legales curiosas. Es esencialmente ilegal, por ejemplo, hacer investigación farmacéutica con marihuana, a pesar de que hay bastante evidencia de que puede ser un substituto no-adictivo a muchos opiáceos. Las entidades financieras sólo puede ofrecer servicios muy limitados a empresas que la vendan (un problema en estados donde es legal). Reclasificar la marihuana a categoría II no eliminaría el alegre juego de sinsentidos y contradicciones entre legislación federal y estatal por completo, pero los reduciría considerablemente.
Vale la pena recalcar que una reclasificación como la que plantea Biden no legalizaría la marihuana, simplemente reduciría la obligación (teórica) del gobierno federal en controlarla. Incluso si Biden la moviera a V seguiría bajo férreas restricciones regales, con la misma consideración que muchos barbitúricos y opiáceos que son legales pero sólo están disponibles bajo receta médica y también pueden matarte. Para despenalizarla por completo, tiene que hacerse por ley, y eso es cosa del congreso. El sistema seguirá siendo bastante irracional.
¡Política!
Si os sorprende que Biden se esté metiendo en un tema así a un mes escaso de las elecciones, el motivo es bastante simple: legalizar la marihuana es increíblemente popular. Todos los sondeos dan sobre un 70% favorable a la legalización. Este es un tema donde incluso los votantes republicanos están a favor; ir a las elecciones hablando de marihuana es algo que favorece mucho a los demócratas.
Así que es un cambio legal pequeño, sin duda. Pero si el ultra moderado Biden, que hizo carrera de joven como un senador que era duro con el crimen y entusiasta criminalizador de drogas, está hablando de marihuana, el partido parece estar dispuesto a dar el paso y legalizarla por completo.
Siempre que eliminen el filibuster del senado, claro. Pero eso lo dejamos para otro día.
Roger, cuando hablarás de Nord Stream y del papel de los EE.UU. en el sabotaje? Ayer los alemanes se quejaron del alto precio que les imponen los estadounidenses por su GNL. Es eso también culpa de Putin?