Azares judiciales
Y notas sobre política energética
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como nunca me canso de recordar suficiente1, siempre ha sido un actor político. Sus sentencias han reinterpretado, a veces de forma radical, secciones enteras de la constitución, creando y eliminando derechos, reconfigurando el equilibrio de poderes, y en ocasiones decidiendo elecciones enteras.
Un diseño torpe
El diseño de la corte está muy influído por tres factores. Primero, que la constitución dice muy poco sobre sus poderes u organización interna, hasta el punto de que no detalla el número de jueces del tribunal ni la duración de sus nombramientos2.
Segundo, la institución que tiene el poder de interpretar qué poderes tiene el Supremo es el propio Tribunal Supremo, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. La corte a menudo tiene ideas muy curiosas sobre qué significa interpretar la constitución y sobre qué temas puede decidir, y aunque el Congreso en teoría debe legislar sobre estos temas, a la práctica los jueces han tomado la costumbre de presentarse como estrellas no-del-todo-invitadas en debates políticos cuando les apetece.
Tercero, los jueces del Supremo son nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Los republicanos suelen controlar la presidencia (incluso cuando sacan menos votos) y tienen una ventaja estructural enorme en el senado en los últimos 40 años, al dominar el voto rural, así que la corte tiene un marcado gesto conservador.
Cambiando la reglas del juego
Tradicionalmente, un caso sólo era decidido por la corte actuando como última instancia. Teníamos un litigio que empezaba en un juez de distrito, iba a apelaciones, y este era resuelto de forma distinta a otro caso similar en otro circuito3, haciendo que el Supremo tuviera que intervenir para unificar jurisprudencia. Otras veces teníamos un caso en que un juez dictaba una sentencia que iba en contra de precedentes anteriores, fuera por un cambio legal que exigía dirimir qué ley era válida, fuera porque decidía que una ley era inconstitucional4. La sentencia era recurrida, y el Supremo entonces decidía.
Esto ha cambiado radicalmente durante la última década. A partir del 2016, y de forma cada vez más frecuente según pasan los años, el Supremo ha tomado la costumbre de tomar en consideración recursos o mociones “de emergencia” antes de que los tribunales de menor rango decidan, y hacerlo de forma cada vez más caprichosa.
En febrero del 2016, la administración Obama aprobó una serie de reglamentos sobre emisiones para centrales eléctricas. El Congreso había bloqueado cualquier legislación sobre cambio climático, así que recurrieron a una interpretación creativa (pero razonable) de una sección medio ignorada de la Clean Air Act (ley de aire limpio) de 1990 para al menos hacer algo para reducir emisiones.
Como era de esperar, las petroleras y dos docenas de fiscales generales republicanos recurrieron a los tribunales de inmediato. Siendo una regulación federal, el caso fue enviado al tribunal de apelaciones de Washington D.C., que estableció unos plazos abreviados para juzgar el caso. Lo que no hizo fue decretar una suspensión preliminar del reglamento, porque no iba a entrar en vigor por completo hasta el 2030.
El fiscal general de West Virginia, sin embargo, no sé si porque tenía elecciones o porque quería hacer felices a las minas de carbón de su estado, hizo algo inusual: recurrió al Supremo la decisión del tribunal de apelaciones de no suspender el plan de Obama, argumentando que si entraba en vigor, causaría daños irreparables a las partes implicadas.
Los jueces del Supremo esos días no estaban ni en Washington; estaban en su receso de invierno. Pero John Roberts, el juez jefe conservador que estaba “de guardia” decidió que era un tema tremendamente importante, y se puso en contacto con los otros ocho miembros del tribunal. Durante los cinco días siguientes, como detalla este excepcional artículo del NYT, los nueve jueces intercambiaron correos, memorándums y mensajes debatiendo entre ellos si podían o no intervenir en el caso.
La conversación entera es muy escueta, sólo 16 páginas. Tras este limitado intercambio de ideas, votaron 5-4 que el plan de emisiones de Obama quedaba suspendido de forma preliminar hasta que terminara el juicio. La resolución, que ocupa un párrafo, no contiene argumento legal alguno. El Supremo, rompiendo con más de doscientos años de precedente, se acababa de otorgar a sí mismo el poder de poder intervenir en cualquier disputa judicial en cualquier momento del proceso, bloqueando cualquier ley o reglamento de forma temporal sin juicio o vista oral previos.
Es decir: el Supremo tenía ahora el poder de bloquear la entrada en vigor de cualquier ley o sentencia judicial cuando le viniera en gana, sin tener que dar explicación alguna sobre sus motivos.
El veto por sistema
Desde entonces, el Supremo ha recurrido a esta práctica cada vez con mayor frecuencia. Dada la mayoría conservadora en la corte, suelen hacerlo para torpedear leyes o reglamentos aprobados por demócratas. Con Trump en la Casa Blanca, también se han aficionado a bloquear órdenes de jueces de distrito que bloqueaban de forma preliminar, tras ser litigadas, algunas de ellas alegremente inconstitucionales. La corte, tras emitir un número creciente de bloqueos bajo el llamado “shadow docket” (calendario judicial en la sombra, más o menos), al menos ha dado un par de motivos o excusas para justificar cuándo decide intervenir, daño irreparable a los demandantes o ser de la opinión de que el caso probablemente será decidido en el mismo sentido que la suspensión cautelar.
Que quizás sea muy lógico y muy bonito, pero nadie ha dado autoridad legal alguna al Supremo para poder actuar de esta forma. No está en ningún lugar de la constitución. John Roberts y la mayoría republicana decidieron que una moción de un fiscal que nunca había sido considerada válida en los dos siglos de jurisprudencia anterior ahora merecía ser aceptada y punto.
Ironías trágicas
La historia, además, no termina aquí. Cuatro días después de emitir esa orden, Antonin Scalia, uno de los jueces de la mayoría conservadora, muere víctima de un infarto. Este fue su último voto en el Supremo. Un empate hubiera permitido que la norma siguiera en vigor.
Inmediatamente después de la muerte de Scalia, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el senado, anunció que dada la proximidad de las elecciones presidenciales (noviembre; estamos en febrero), la cámara alta no iba a confirmar otro juez para el alto tribunal. Obama podía nominar a quien quisiera, que iban a ignorarlo. El puesto quedó vacante todo el año. Trump ganó las elecciones en noviembre.
De forma más trágica, si cabe, el juez que Obama nominó para el puesto, Merrick Garland, fue nombrado fiscal general en el 2021, cuando Biden gana la presidencia. Muchos lo vieron como un premio de consolación. Garland resultó ser un nombramiento atroz para el cargo, renunciando a investigar a Donald Trump y su intento de golpe de estado durante casi dos años, hasta que fue forzado a nombrar un fiscal independiente. El caso nunca llegó a juicio, porque la mayoría conservadora del supremo, mantenida gracias a ese nombramiento que no tuvo Obama, declaró a Trump inmune de cualquier cargo.
Todo ello por culpa de una decisión judicial apresurada y un juez que fallece inmediatamente después.
Bola extra: ironías petroleras
En muchos lugares de Estados Unidos, cuando pones gasolina en el coche, esta contiene un porcentaje considerable de etanol (entre un 10 y 15%). Ford y GM, además, fabrican modelos flexfuel que pueden operar con gasolina o etanol casi puro, y en gasolineras venden E85 (carburante que es un 85% etanol).
El origen de esta práctica es, para variar, un efecto secundario del sistema político americano. El etanol, en Estados Unidos, se produce utilizando maíz como materia prima. Allá por el 2005, la administración Bush quería “liberar” a Estados Unidos de la dependencia energética de Oriente Medio (por aquel entonces, el país era aún un importador neto), producir “energía limpia” y subvencionar a los granjeros del Medio Oeste, su base electoral. Así que en una ley del 2005 establecieron el requisito de que un porcentaje del combustible usado en Estados Unidos fuera “renovable”, dedicando gran parte de la producción de maíz a ser mezclado con gasolina.
El etanol tiene dos problemas. Para empezar, destina burradas de maíz y terrenos de cultivo que podrían ser destinados a otras cosas más productivas a ser quemados en motores de combustión interna. Segundo, es más contaminante que la gasolina estándar, ya que se evapora con más facilidad.
Como todas las cosas que son mala idea en este mundo, a Trump le gusta el etanol. Una de las respuestas a la subida de precios de la gasolina ha sido relajar las normas de emisiones para permitir que el E15 se venda también en verano, y autorizar que se use más maíz para producir carburante. Algo que es una idea estupenda dado la subida del precio de los fertilizantes debido al cierre del estrecho de Hormuz, que casualidades de la vida, él mismo ha provocado.
La ironía, en este caso, es que la planta del maíz esencialmente está convirtiendo energía solar, agua y nutrientes en materia orgánica. Ese maíz es fermentado, destilado, y deshidratado en un proceso que requiere burradas de energía para convertirlo en un carburante que es una alternativa imperfecta y con menor densidad energética que la gasolina.
Existe un método alternativo, más limpio, mucho más eficiente, y mucho más barato para llegar al mismo punto, convirtiendo el sol en energía para mover vehículos:
Le llamamos paneles solares. Y es algo que la administración Trump (por supuesto) detesta5.
Son el gran protagonista implícito de mi libro, junto a Richard Nixon.
Ahora mismo son vitalicios, pero no hay nada que diga explícitamente que ese tiene ser el caso.
En el sistema judicial federal, los tribunales de menor rango son district courts, los de segunda apelaciones. Estos se organizan en circuits (circuitos) porque en los primeros días de la república, cada uno de los jueces del Supremo ejercía de juez de apelaciones la mayor parte del año ocupándose de su “circuito”, una ruta de estados por la que viajaba dictando sentencias. Esta práctica se mantuvo hasta 1869.
Las leyes americanas no tienen la costumbre de incluir nada diciendo que se derogan leyes precedentes, y en los sistemas anglosajones cualquier juez puede decidir a las bravas que algo es inconstitucional.
Nótese que una granja solar y una granja normal se dedican a lo mismo: convierten sol en energía. Eléctrica, en el primer caso, y en calorías que podemos comer, en el segundo, pero energía igualmente.